Enrique Martínez, protege al director de protección civil de Coahuila, Sergio Robles Garza

Treinta y siete muertos, once desaparecidos y dos mil quinientos damnificados, fue el saldo de la negligencia y omisión del director general de Protección civil en el estado, Sergio Robles Garza; como consecuencia del desbordamiento del Río Escondido, ubicado en la ciudad nigropretense.
Cuatro días después de la tragedia, ya con la devastación encima; el titular del organismo de Protección civil, reconoció, que desde el sábado 3 de abril, tuvo conocimiento acerca de las lluvias torrenciales que se avecinaban en aquella parte de Coahuila; región que comprende la llamada Cuenca Carbonífera, así como la Región Norte o fronteriza.
Para Sergio Robles Garza, los avisos de alerta relacionados con los inminentes aguaceros por caer el domingo 4 de abril, no tuvieron importancia – “puesto que nunca antes hubo un fenómeno meteorológico igual” según dijo – tampoco para Enrique Martínez y Martínez. La anormalidad fue juzgada con intrascendencia. Sea porque Robles Garza haya ocultado la información, o no, a Martínez y Martínez.
La tarde del domingo 4 de abril, Martínez, se encontraba más atareado por su promoción en el programa televisivo que dirige Héctor Benavides; Cambios, transmitido por la cadena Multimedios estrellas de oro, desdeMonterrey, Nuevo León. Así, mientras Martínez obraba más nervioso por su comparecencia ante las cámaras; engalanándose para hablar acerca de su intrascendente aspiración presidencial, la lluvia comenzaba a zumbar en los tajos del Río Escondido. Y mientras el ejecutivo de Coahuila, sonreía frente a las cámaras acomodándose los anteojos, la muerte por agua, llegó a decenas de nigropretenses.
Con 37 muertos, 11 desaparecidos, más los 2500 damnificados; a Sergio Robles Garza, al margen de que Martínez lo destituyera de manera fulminante aplicando la Ley respectiva, lo protege; refrendando la autocracia con la que conduce el gobierno.
Él es la Ley. Por eso, lejos de ajustarse a la Legislación coahuilense, nuevamente la violenta; ante la evidente complacencia de los otros poderes del Estado.

Por Juan Monrreal López
 
Piedras Negras, Coahuila.- Aun desconcertados, con la estela del duelo generada por las pérdidas de familiares y bienes; los habitantes de Piedras Negras, especialmente los de los sectores ribereños del río Escondido; como Villa de Fuente, siguen luchando por levantar del lodazal dejado por la avenida del río, la cotidianidad robada.
A casi treinta días de la hecatombe, de escuchar miles de promesas gubernamentales, los ciudadanos coahuilenses de estos lares, confían más en sus esfuerzos, que en los apoyos que vengan desde el gobierno.
Ahora, sin casi nada, mermados, casi parias, los villafontinos, se preparan a dar la batalla legal contra las autoridades estatales o quienes resulten responsables, por lo que ellos consideran negligencia de las instancias del gobierno del estado al igual que las esferas municipales.
Sin tapujos, las opiniones de estos ciudadanos relegados de los boletines oficiales, dicen que “ todavía al mediodía del domingo 4 de abril, habitantes de las represas de la tinaja, llamaron para dar la voz de alerta por la inusitada cantidad de agua que estaba pasando por ese lugar”. “ Si las autoridades nos hubieran avisado, no se hubieran registrado desgracias personales”. “ Por eso hemos decidido entablar las demandas contra los del gobiernoo quien resulte responsable”. “ Es mucho lo que nos roban, lo que cobran con sus sueldotes y todavía no hacen bien las cosas, ya estuvo ¿No?” “ Mire, de esto es casi un mes y la ayuda prometida ¿ Dónde está?

Lo que dice la Ley de Protección Civil  

Dicen los abogados que a confesión de partes, relevo de pruebas. Así debe tomarse la revelación del director general de Protección civil de Coahuila,Sergio Robles Garza. Reconocer, que se tuvo conocimiento desde un par de días antes de las torrenciales lluvias y no hacer nada, violenta flagrantemente la Ley, convirtiéndola de acuerdo a ésta, en indiciado. Y es que la protección civil, como cualquier actividad de la función pública, obedece a la normatividad de una Ley. Así, se supone que Sergio Robles Garza, al asumir la tarea de Protección civil, conocía el marco legal en el cual se desempeñaría. Que no era una tarea dejada al libre arbitrio.
Emitida el 15 de mayo de 1996, la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, fue publicada en el Periódico oficial el 11 de junio de 1996. En su Artículo primero deja claro la esencia de la misma. “La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases para la prevención, auxilio y apoyo a la población ante la eventualidad de catástrofes, calamidades o desastres públicos en la entidad y sus municipios, estableciéndose para ello, el Sistema Estatal de Protección Civil”.
Al margen de todos los buenos deseos de esta Ley y sus limitaciones, sus reglamentos son ordenanzas para todos los coahuilenses. Por eso, la postura de Sergio Robles Garza de “ no pensar que fuera a suceder “ lo que pasó aquí en Piedras Negras “ puesto que nunca se había presentado un fenómeno meteorológico igual” no lo exime de responsabilidad. La Ley enuncia palmariamente a la prevención, como el primer paso a seguir, en contrarresto a las calamidades. ¿ Acaso avisó a Enrique Martínez y este tampoco dio importancia a los inminentes aguaceros por caer? Y si no le avisó ¿ Por qué no lo hizo? ¿Quizás para no molestar al jefe que “ busca la más grande del país”? ¿ Por que Martínez no suspendió su aparición en el programa Cambios, cuando a las 20:00 horas de ese domingo 4 de abril, el agua estaba ya en el cuello de los nigropretenses?
De cualquier manera que sea, las responsabilidades de acuerdo a la Ley existen, sólo habrá que fincarlas a quien corresponda.
El Artículo cuarto especifica de manera clara, los métodos para los efectos de esta Ley, especialmente las fracciones XI, XII y XIII enfocadas a la prevención.
La fracción XIII estipula: Prevención, el conjunto de disposiciones y medidas anticipadas, que tienen por objeto evitar la realización o, en su caso, ejecución de alguna catástrofe, desastre o calamidad pública.
Lafracción XII dice : Protección Civil, el conjunto de disposiciones y medidas tendientes a prevenir, auxiliar y proporcionar apoyo a la población ante la eventualidad de catástrofes, desastres o calamidades públicas.
Fracción XI: Evacuación, la medida de seguridad por alejamiento de la zona de peligro, consistente en la movilización y desalojo de las personas que se encuentran dentro de un perímetro que no ofrece márgenes adecuados de seguridad ante la presencia inminente de un agente destructivo.
¿Qué hace Sergio Robles Garza como director estatal de Protección Civil? De acuerdo a la Ley, tiene las facultades para haber evitado los muertos, desaparecidos y damnificados de Piedras Negras, si no lo hizo fue por incompetencia, negligencia y omisión; y esto debe penarse. Desgraciadamente no era la primera vez que este funcionario evadía su responsabilidad. Las inundaciones de Ciudad Acuña en marzo de 2003 ya habían descubierto la incapacidad y negligencia de Robles Garza. La UDC presentó el caso como punto de acuerdo ante el pleno del Congreso, sólo que por órdenes de Martínez y la sumisión del presidente de la actual Legislatura Abraham Cepeda Izaguirre, nada procedió.
Ahora, un año después, pese a tener conocimiento del meteoro, simplemente consideró que nada podría pasar. Algo así como encomendarse al azar, para que nada suceda. Brillante burócrata, muy digno; dignísimo del gabinete de Martínez y Martínez.
El asunto es que no sólo él, es autoridad en Protección Civil. La ley estipula en su Artículo octavo que el gobernador, el secretario de gobierno, el secretario de seguridad pública y protección ciudadana, además del director de protección civil, son los mandos en materia de protección civil, de manera que habrá que preguntarse ¿ Qué hicieron los funcionarios, Enrique Martínez y Martínez, Raúl Sifuentes Guerrero, Antonio Garza García y el propio Sergio Robles Garza, para evitar la catástrofe? Nada, simplemente nada.
Más: El Capítulo Quinto de esta Ley, está dedicado a las medidas generales de prevención y protección civil; subraya el poder de las autoridades para llevar a cabo las tareas de prevención. Pero infelizmente, nada de esto se hizo.
Robles Garza, es una suerte de funcionario prepotente, engreído; que aun ante las evidencias, las niega. Durante las inundaciones del 27 de marzo de 2003, en ciudad Acuña; con las aguas arrasando la población, desfachatadamente dijo desde Saltillo, a los diputados udecistas, que él no tenía informes de las lluvias en aquella ciudad. Afortunadamente el ejército intervino, haciendo la situación menos grave.
 
El sistema estatal de protección civil  

Normado por el Artículo 33 de la Ley ya mencionada, el sistema estatal de Protección Civil se encuentra conformado por:fracción I.- El Consejo estatal de protección civil. Fracción II.-La Dirección estatal de protección civil. Fracción III.- Las unidades Municipales de protección civil y los Consejos municipales de protección civil. Fracción IV.- Por grupos voluntarios, integrados por representantes de los sectores público, social y privado.
Además, conviene mencionar que el Consejo estatal de protección civil está normado en el capítulo séptimo, por los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43. Aquí es importante detenerse.
Al margen de los nombramientos, que descubren este sistema como una estructura pesada, en su fracción IV inciso a, contempla la incorporación de un comisionado del Poder Legislativo y otro del Poder Judicial; delegados que a casi un mes de la tragedia, no aparecen, salvo para dar la nota cursi, facilota y de humor negro.
De acuerdo con la normatividad, el presidente del Consejo será designado por el gobernador del estado. Así lo marca el artículo 35 en su fracción I. El asunto es que las atribuciones de este Consejo no se ven por ningún lado. Enrique Martínez inhibe cualquier acción dónde el no participe.
De hecho – tanto él como sus asesores – no se tomaron la molestia de leer la Ley de protección civil, para normar sus acciones en estos días. Campechanamente Martínez y Martínez,hace lo que le viene en gana, y sus funcionarios siguen la música de la orquesta del autoritarismo martinista; no vaya a ser que los baje del carro enfilado “ hacia la más grande del estado”. Tal es le caso del secretario de finanzas, Javier Guerrero García, quien coordina el comité de evaluación de daños de la tragedia, sin atribuciones otorgadas por la Ley.

Martínez y Martínez, no aprende a respetar la Ley  

Cuando una persona es contumaz en su comportamiento, para definirlo, el habla popular acuñó una frase “ nunca se compuso”. Sin duda, esta locuciónle viene como anillo al dedo a Martínez.
La ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza decreta en su Artículo Undécimo que: Corresponde, en el ámbito de su competencia, al director estatal de Protección Civil: I.- Proponer la adopción de medidas tendientes a la prevención y reparación de los daños y elaborar, así como ejecutar, en su caso, los planes y programas de protección civil que sean necesarios.
III.- Evaluar las situaciones de desastres, calamidades y catástrofes públicas, así como la capacidad de respuesta del Estado, así como brindar y en su caso, solicitar el apoyo de las autoridades y organizaciones competentes para la atención del siniestro.
XI.- Coordinar las acciones encaminadas a aplicar las medidas correctivas procedentes para garantizar la vida, la salud, la seguridad y el patrimonio de los integrantes de la comunidad.
Son éstas, entre otras funciones, que la Ley faculta a la dirección de protección civil a trabajar en la coordinación de los esfuerzos buscando aliviar el desastre.
Por ningún lado, en sus setenta y cinco artículos, mas tres transitorios, el Edicto faculta a cualquier otra dependencia del gobierno del estado a desarrollar estas tareas. Si Martínez y Martínez cree que por ser el ejecutivo estatal es libre de tomar cualquier determinación, está equivocado. Mas: Javier Guerrero García – un tesorero evasor de impuestos- quiere aprovechar la desgracia para placear su imagen en los medios, pues como se sabe, el también aspira a la “más grande del estado”.
De manera que en este tramo de la administración, baila al ritmo que Martínez quiera tocarle, así sean pasos que violenten la Ley, como es el caso.

De la las infracciones y sanciones de la Ley de Protección Civil  

Sergio Robles Garza, se embolsa cada mes, por concepto de salario, 52 mil 832 pesos y 93 centavos, según establece el tabulador salarial de la secretaría de finanzas. Adscrito a la secretaría de seguridad pública y protección ciudadana, a cargo de Antonio Garza García; el titular de Protección civil recibe semestralmente también, una prima vacacional de 6 mil 881 pesos y 10 centavos; más una aguinaldo de 78 mil 641 pesos 28 centavos. Robles Garza, recibe entonces oficialmente 726 mil 398 pesos 64 centavos por año. Lafunción de Robles Garza, no es de ninguna manera honoraria, es funcionario público sujeto a las leyes de la administración pública, amén de las del fuero común.
El capítulo undécimo de la Ley de Protección Civil, asienta las infracciones a la misma, así como las penas a quienes la violenten.
El Artículo 57 asienta en sus fracción VI: Ejecutar, ordenar o favorecer actos u omisiones que impidan u obstaculicen las acciones de prevención, auxilio o apoyo a la población en caso de desastre.
Fracción VII: Realizar actividades negligentes que ocasiones desastres, calamidades o catástrofes públicas, que afecten ala población.
Fracción VIII: En general, llevar a cabo cualquier acto u omisión que contravenga las disposiciones de esta Ley y demás reglamentarias, o que por cualquier motivo causen o puedan causar algún riesgo o daño a la salud o seguridad pública.
En cuanto a las sanciones el Artículo 58 especifica que las infracciones previstas en este capítulo son; amonestación, multa y arresto administrativo.
Sin embargo, el Artículo 59 señala que: La imposición de las sanciones a que se refiere la presenta Ley, se hará sin perjuicio de la responsabilidad que conforme a las leyes comunes corresponda al infractor. Las autoridad competente podré imponer en un solo acto y a una misma persona, en forma acumulativa, una o más sanciones de las previstas en este capítulo.
Artículo 60: Al imponerse una sanción se tomaré en cuenta:
Fracción I.- El daño o peligro que se ocasione o pueda ocasionarse a la población civil.
Fracción II.- La gravedad de la infracción
Fracción III.- Las condiciones socioeconómicas del infractor
Fracción IV.- La reincidencia
En el Artículo 65 puntualiza: Además de la aplicación de las sanciones que correspondan a los infractores, las autoridades competentes harán del conocimiento del Ministerio Público, los hechos que pudieren constituir un delito.
Aun así, Sergio Robles Garza, ha dicho que no “tiene tiempo de escuchar ninguna crítica” “que se encuentra ocupado en enfrentar la contingencia”. Por supuesto, al igual que Martínez, no asume que él pudo evitar la tragedia, tal como la conocemos. Su indolencia, omisión y negligencia, fueron las que catapultaron los daños a las dimensiones que los observamos. Lo dicho, un digno miembro del gabinete de Martínez y Martínez.

Pírricos apoyos a los damnificados
 
El jueves 8 de abril, el secretario de finanzas Javier Guerrero García, saltó a la palestra de la catástrofe, luciendo nuevo look. Con aires compungidos declaró que la secretaría de finanzas contaba con 5 millones de pesos para enfrentar estas contingencias de manera inmediata. Recursos pírricos si se comparan con los 84 millones de los daños materiales dejados por la avalancha, pero sobre todo por la negligencia, omisión e incumplimiento de las funciones públicas de Robles Garza y Enrique Martínez.
Envuelto en los velos de la veleidad de la sucesión gubernamental, Guerrero García, no obstante que el secretario de finanzas no está facultado por la Ley para presidir el Comité Técnico del fideicomiso del FONDEN, sin rubor recibió el ilegal nombramiento.
Pasaron ya treinta días de la calamidad y los damnificados de Piedras Negras siguen quejándose de la suerte negra de aguantar a este tipo de funcionarios a los que “ no sé como hablarles, ustedes no me entienden” les dijo Hilda Verónica Dorado, madre del pequeño José Rubén Aldana Dorado, quien desapareció con el vendaval.
Peor: Los clamores son de todos los damnificados.

Las negligencias del alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres
 
Formado en el establo del montemayorismo, el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza, piensa que gracias a las ligas con directores de medios, puede llegar “a la más grande del estado”.
Bres Garza, fue director de comunicación social en un tramo de la gestión de Rogelio Montemayor; mentor político de quien obtuvo una diputación federal, y posteriormente, todo el apoyo para erigirse como candidato del PRI a la alcaldía de esta ciudad.
La gestión de Claudio Bres, como la de muchos alcaldes – de esta época oscura en la historia de Coahuila – está apuntalada con trafiques, indolencia y contubernios de todo tipo.
Aparte de la negligencia para actuar antes de la caída de la tromba – o cuando ésta bramaba en las compuertas de la tinaja -Bres tiene mucho que ver con numerosas zonas de alto riesgo, presentes en la ciudad. Sin visión social, más que el lucro, este alcalde ha autorizado colonias en terrenos peligrosos. Ha fraccionado irregularmente, consintiendo levantar colonias fuera del plano regulador, pero además, en sitios que ahora significan verdaderos calvarios para sus moradores y ojalá nunca, por una situación de emergencia como la del río Escondido. Las denuncias en los medios, simplemente son para “ presionarme, para sacarme publicidad” dicepara evadir cualquier señalamiento.
El caso es que Caludio Bres al igual que Sergio Robles Garza, tuvo conocimiento de la avalancha que rebasaría al río Escondido, aun así, no actuó. Las patrullas de seguridad pública, reportaron desde temprana hora la inusual ola que viajaba por el río Escondido, pero tal vez, al igual que el director de Protección civil, dejó a la casualidad que nada sucediera. Desgraciadamente, ocurrió.

Mientras pasaba la tragedia, funcionarios de vacaciones

La tragedia de Piedras Negras, sobrevino en pleno goce de vacaciones de semana santa. Los burócratas, se recreaban; pero con todo y la desdicha nigropretense, no retornaron a las oficinas, hasta que los asuetos concluyeron. Así aconteció con el jefe de la representación del gobierno de Coahuila en México, Ariel Berrueto Pruneda, un exquisito de la política Sanbornsera, avecindado en el Distrito Federal, cuyo mayor mérito es haber proporcionado empleo curricular a Enrique Martínez Morales – ex director del DIF estatal e hijo deEnrique Martínez -cortando periódicos durante la época de Ernesto Zedillo.
Lejos de desquitar el creciente presupuesto destinado a la oficina de representación, Berrueto Pruneda – una de las viudas de Colosio a trasmano – se hizo ojo de hormiga. De manera que los 7 millones 898 mil pesos de presupuesto anual, poco sirvieron para que este funcionario encarnara en los días del desastre los intereses coahuilenses en México.
Lo mismo sucedió con los vocingleros de la cadena de radio “ Ser Coahuila”sistema estatal de radio inventado por Martínez, con el pretexto de comunicar a los coahuiltecos.
El lunes 12 de abril, los lenguaraces del micrófono, se la pasaron hablando de sus ansiadas vacaciones, así “ como lo padre “ de este disfrute. Mientras; la tragedia de Piedras Negras, hervía.

Los legisladores, monigotes de intereses
 
El presidente de la gran comisión del Congreso de Coahuila, es José Abraham Cepeda Izaguirre, un viejo socio palanqueador de muchos de los negocios de Martínez y Martínez. Su papel es triste en esta desgracia. Se reduce a declaraciones facilotas, en conjunto con algunos miembros de la actual legislatura, sólo para salir al paso. Infortunadamente, la función principal – aplicar las Leyes de la administración pública – la dejan a un lado. Peor: El presidente de la comisión de seguridad pública, el diputado Gabriel Calvillo Ceniceros, sabe de la catástrofe de Piedras Negras lo que se comenta en los cafés de Torreón. Todo se puede hacer, menos molestar al autócrata coahuilense.
Treinta y siete muertos, once desaparecidos y dos mil quinientos damnificados son suficientes razones para aplicar la Ley. En el caso Piedras Negras se actuó y se sigue actuando al margen de ésta. Es tarea de los diputados aplicarla. Si no, que el pueblo se los demande.

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Fuente: José Luis Escalera Morfín, director general de prevención de desastres de SEDESOL.