El lunes 14 último, se realizó en el Senado de la República el foro “Perspectivas de la salud pública en México”, de acuerdo con Elías Miguel Moreno Brizuela, presidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social (CSSS) del Senado, el evento puso fin a la “ruta crítica” establecida por los senadores para aprobar o no, la iniciativa de reforma que el Ejecutivo envió al Senado en noviembre pasado para legalizar al seguro popular, conocido como el proyecto de salud “más importante” del foxismo.
Los cinco meses que duró la ruta crítica fueron de intensas giras de trabajo de los senadores por algunos estados de la República, según Miguel Ángel Navarro Quintero, secretario de la CSSS visitaron el “33” por ciento de los estados. Los senadores integrantes de la CSSS sostuvieron, además, reuniones de trabajo con secretarios de Salud, y de Finanzas de la mayoría de los estados, así como con directores de hospitales “ancla” de todo el país.
Al parecer, la CSSS también tuvo reuniones con importantes asociaciones de médicos, sólo que, en ese punto, nunca dijeron con quienes. Tampoco anunciaron al inicio del foro que ya llevaban cuando menos 10 “modificaciones importantes” a la iniciativa original, presuntamente todas ya consensuadas con el secretario de Salud Julio Frenk Mora y su equipo. Sus razones tendrían para mantener estos hechos bajo el sigilo.
Lo cierto es que los ponentes invitados al foro, despedazaron literalmente las virtudes que Vicente Fox y su gabinete de Salud han visto y declarado que tiene el seguro popular. Aun algunos incondicionales al proyecto, como Ector Jaime Ramírez Barba, secretario de Salud de Guanajuato, hicieron visibles los pocos alcances y muchas limitaciones del seguro popular. Aunque Ramírez Barba encontró justificación: “pensemos en grande, pero empecemos en pequeño”, dijo.
Los extranjeros invitados a participar fueron más que cuidadosos, no hablaron abiertamente del proyecto mexicano, pero hicieron ver las desastrosas consecuencias que han causado la aplicación de políticas similares en otros países, entre otros, Estados Unidos, Colombia y Chile.
Hubo de todo, discursos casi huecos como el de Estefan M. Bertosi, ponente del Instituto Nacional de Salud Pública que se dedicó a interpretar a los ponentes anteriores a él, “en respuesta o comentario a lo que hemos escuchado”, advirtió. Además, “cambió” su presentación “porque no me esperaba un debate del estilo como lo hemos tenido”, aseguró.
O posiciones casi inamobibles como la de Assa Cristina Laurell, secretaria de Salud del Distrito Federal, quien por cierto, al principio se apoderó del evento gracias al desprecio que mostró al foro Héctor Hernández Llamas, el coordinador nacional del seguro popular, funcionario al que Julio Frenk envió en su representación luego de cancelar a última hora su participación. Y además, por las continuas menciones que de ella hicieron otros ponentes.
Assa Cristina vio más eficaz el incremento de los recursos federales para salud tal y como lo aprobó el Senado -de llegar en 10 años al 5 por ciento del PIB-, muy por arriba de las bondades y virtudes del seguro popular aun y cuando, refirió, “se llegaran a afiliar el 100 por ciento de los que carecen de protección social”.
LA TERCERA PONENCIA
Héctor Hernández Llamas, coordinador nacional del seguro popular fue el tercero en hablar, pues antes, lo precedieron en la palabra los senadores Miguel Ángel Navarro Quintero y Elías Miguel Moreno Brizuela. Ambos senadores le dieron la oportunidad de ser el primero y de explicar a fondo lo que en sí es el proyecto del seguro popular. El biólogo Alberto Ruiz de la Peña, secretario técnico de la CSSS fungió como maestro de ceremonias, dio la bienvenida al coordinador nacional y lo dejó hablar.
Hernández Llamas comenzó a consumir sus 20 minutos mencionando las instrucciones que recibió de Frenk Mora. Político como es, cayó en sus propias redes, dijo:
— … por mi conducto, el secretario Frenk, le hace llegar a la CSSS del Senado de la República, su más destacado agradecimiento por la oportunidad que se nos brinda de estar el día de hoy con ustedes para continuar, como ya se ha señalado aquí, en un proceso de discusión y revisión, de debate profundo, pero a la vez respetuoso entre los poderes de la República, para avanzar en la definición y construcción de acuerdos en relación a una reforma de gran alcance en materia de salud en nuestro país.
Luego, Hernández Llamas avisó sobre lo que hablaría: “un servidor hará una presentación el día de hoy en la que pretendemos destacar aquellos asuntos que representan, a nuestro juicio, los puntos neurálgicos de la propuesta que el Ejecutivo ha enviado para reformar la Ley General de Salud, que tiene que ver con la visión a un capítulo a dicha ley en materia de financiamiento”.
Siguió con una síntesis del nacimiento del IMSS y de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia, y destacó las diferencias entre ambas instituciones como una “segmentación y división”, y una forma “diferente” de tener acceso a los servicios de salud, la que, apuntó, “es la que caracteriza al sistema de salud mexicano”.
Finalmente entró a su tema y basado en diapositivas expuso:
— Se trata entonces de sentar bases que permitan superar esta segmentación, esta división este tratamiento diferencial en el acceso de los servicios de salud en función de nuestra ubicación en el mercado laboral.
¿ Qué problemas enfrenta actualmente, a nuestro juicio, el sistema de salud en materia financiera? Fundamentalmente cinco. Ya se ha dicho aquí que hay una inversión insuficiente en materia de salud en nuestro país, tenemos niveles de inversión inferiores al promedio latinoamericano y muy por debajo de lo que algunos países como Colombia, Costa Rica y el propio Bolivia destinan del Producto Interno Bruto (PIB) al financiamiento de los servicios de salud. Ya el Senado de la República aprobó una iniciativa en la que se dispone que se destine al menos el 5 por ciento del PIB de financiamiento público a los servicios de salud.
Este es un primer paso de la mayor relevancia, pero se trata no sólo a nuestro juicio y consideración, de destinar más recursos a los servicios, se trata también de decir a qué y cómo se destinan esos recursos. Tenemos un problema de origen de los fondos, hay el gasto de bolsillo, el 52 por ciento del gasto de nuestro país es de bolsillo, lo que tenemos que nosotros erogar cuando hacemos uso de servicios.
Hay problemas de distribución entre diferentes dependencias, destinamos más de dos veces en gasto per cápita a las familias que tienen la cobertura de seguridad social, a los que no están asegurados, hay una enorme disparidad entre el gasto federal que destinamos, enviamos a las entidades federativas de nueve a uno, de igual manera, el esfuerzo que hacen los gobiernos de los estados es desigual.
Lo único que refleja esto, es que no hay reglas claras para el financiamiento, el que más destina con relación al que menos, hay una relación de más de 150 a 1 y, finalmente, el gasto en mayor proporción se canaliza al pago de los servicios de personal, sufriendo la operación y la inversión que es indispensable en materia de servicios de salud.
Aquí está una gráfica que demuestra la disparidad del gasto que a través del ramo 33 la federación destina a cada una de las entidades. La de la extrema derecha, Baja California Sur; la de la extrema izquierda, el estado que menos recibe, Puebla, y lo único que esto revela es la inercia a la que hacíamos mención hace unos minutos, en término del financiamiento de los servicios.
Aquí está una representación del esfuerzo que hacen los estados de la República para financiar los sistemas de salud en cada entidad, donde podemos apreciar que hay entidades que prácticamente no destinan un peso al financiamiento de los servicios, hasta otras, como el caso de Tabasco, en que más del 50 por ciento del financiamiento viene de origen estatal.
¿ Qué se propone la reforma? Fundamentalmente busca ordenar las asignaciones actuales de presupuesto, corregir gradualmente los desequilibrios financieros y las inercias históricas, se trata también de transitar hacia una lógica de aseguramiento público, para financiar la atención medica.
Y destaco lo relativo al aseguramiento público, que a diferencia de la aseguranza privada, el principio de cálculo no es el riesgo de cada individuo a enfermar, sino la solidaridad entre un colectivo, de tal manera, que los sanos financien la atención de los enfermos; los adultos para con los mayores, y los infantes y adolescentes, y los que más tienen, con los que menos tienen.
Se trata también de establecer la corresponsabilidad entre órdenes de nuestro gobierno, transparentar la relación entre la federación y los estados, y el esfuerzo que cada quien hace por financiar los servicios, así como la ciudadanía, y finalmente, vemos nosotros esta propuesta como un programa para dar contenido efectivo al derecho consagrado en el cuarto constitucional.
La reforma distingue dos tipos de bienes: aquellos que son bienes de carácter público que debemos de preservar, fundamentalmente todo lo relacionado con la salud pública, y aquellos que tienen que ver con la prestación de servicios a la persona. Se trata de reconocer que son dos tipos diferentes de bienes y que su lógica de financiamiento también es diferente.
Ya lo señalaba el senador Moreno Brizuela, el corazón de la propuesta que el Ejecutivo envió al Senado de la República en noviembre del año pasado, radica en homologar con el seguro de enfermedades y maternidad del régimen obligatorio del IMSS, un financiamiento tripartita para la población que tiene el acceso a la seguridad social en este caso, el régimen obligatorio del IMSS, y a partir de 1997 introduce el concepto de una aportación que el Estado nacional hace en materia de cuota social y la propuesta fundamentalmente radica en homologar este financiamiento tripartita en el caso del Seguro Social, el trabajador, el patrón y el estado nacional.
En el caso de los trabajadores del Estado en el ISSSTE, el empleado, el gobierno federal como patrón y también la aportación de esta cuota social a cada uno de los cotizantes.
Y para la población no derechohabiente de la seguridad social se plantea esta propuesta, de establecer un sistema de protección social en salud en la que hay una aportación de la familia en función de su capacidad de pago, una aportación solidaria de los gobiernos estatales y del gobierno federal y, de igual manera, una cuota social.
La arquitectura financiera supone esta distinción entre lo que son los bienes públicos y la atención médica, y en la propuesta se contempla la creación de un fondo de protección contra gastos catastróficos, que tienen que ver con la previsión para garantizar la oferta de intervenciones de atención médica de alta especialidad que son aquellas que con mayor probabilidad empobrecen a las familias y a las instituciones.
Problemas de carácter cardiovascular, cerebrovascular, rehabilitaciones de largo plazo, VIH-Sida, transplantes, diabetes, en fin, un conjunto de nueve grandes grupos de afectaciones que requieren de un esquema de aseguramiento específico, de tal manera que se garantice la protección financiera para las familias en caso de que enfrenten este tipo de circunstancias.
¿ Cuáles son los beneficios que consideramos tiene esta propuesta para el gobierno federal? Fundamentalmente es la adición de recursos, consideramos también que lograríamos una mucho mayor eficiencia en la asignación y control de los recursos financieros, un único marco de presupuestación, evitando la proliferación de programas y la dispersión de esfuerzos, llevar a término el proceso de descentralización, establecer reglas claras con las entidades federativas y reducir los costos de transacción e incentivar la formalización de la población no asalariada.
Para los estados de la República pensamos que también tiene la ventaja de canalizar recursos frescos adicionales, mayor certeza en las transferencias de dineros y en las obligaciones de cada parte, mayor transparencia en la relación entre federación y estado, una mucho mayor agilidad de desarrollo de las transacciones, un ajuste automático al cambio demográfico, en tanto que por familia afiliada, el dinero, por así decirlo, sigue a la gente.
Hay también, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Seguro Social, el ajuste a las cuotas sociales por monto inflacionario, y una mayor flexibilidad en el ejercicio de los recursos.
Para el Congreso de la Unión, consideramos que una fórmula como la propuesta, en la incitativa de modificación a la Ley General de Salud, reduce los costos de transacción, elimina presiones innecesarias en el proceso de presupuestación de los servicios de salud para las entidades, transparenta y define criterios programáticos y presupuestarios únicos para todo el sistema de salud, facilita la rendición de cuentas y hay un avance concreto en la reforma del Estado.
Finalmente, pero no por ello mucho menos importante para la ciudadanía, los impactos inmediatos que tiene el pasar la propuesta de ley que envió el Ejecutivo, es el de reducir, eliminar las cuotas de recuperación. De manera consecuente se reduce el pago de bolsillo, la forma más ineficiente, inequitativa de financiar los servicios de salud.
Se garantiza de manera explícita al acceso a medicamentos, lleva de la mano una ampliación de la oferta de servicios públicos en materia de salud, elimina injusticias y discriminación por razones económicas, y elimina la discrecionalidad que en la actualidad caracteriza al financiamiento de los servicios estatales de salud.
LA NOVENA PONENCIA
A Gustavo Leal Fernández, experto en políticas de salud y seguridad social e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, le tocó el noveno turno al micrófono.
Leal Fernández presentó una exposición a la que llamó “Ocho apuntes para que el H. Senado de la República rechace la iniciativa del seguro popular”.
De entrada, Leal Fernández señaló “…quiero manifestar mi absoluta sorpresa por la falta de una adecuada representación en este evento de una voz decisiva y fundamental para el curso correcto de las políticas de salud y seguridad social: me refiero a la voz clínica; a la voz de los médicos mexicanos.”
Y en el mismo tenor continuó: “Ha sido una constante de los últimos 18 años del tardopriísmo y de los 29 meses que ha recorrido el gabinetazo de Vicente Fox, tomar decisiones de todo tipo prescindiendo de ella. Espero, sinceramente, que esta práctica antidemocrática sea definitivamente erradicada del futuro político inmediato de un país que, como México, ha llegado finalmente a una realidad de alternancia.”
Y entró a los apuntes:
Primer apunte
Como ha reiterado en innumerables ocasiones el profesor Giovanni Sartori, foros como este contribuyen categóricamente a la mejora de la calidad de la labor parlamentaria, pero también al aprendizaje recíproco entre los ciudadanos y sus representantes.
Estimo que esta expansión de la democracia deliberativa, a la que por cierto también se refiere el profesor Jurgen Habermas, es la que puede abrir oportunidades radicales a la ciudadanía y a su opinión pública.
En el México posterior al 2 de julio del 2000, esta tarea es insoslayable. La antigua naturaleza discrecional y cerrada en el proceso de toma de decisiones legislativas debe quedar definitivamente superada. También la visibilidad del cambio que se le demanda, hoy por hoy, el foxismo, pasa por el corazón de las tareas parlamentarias y agregaría: pasa por ellas de manera prioritaria.
Segundo apunte
Es por ello que, si acaso, quiero destacar que me hubiera gustado ver que la llamada “ruta crítica” que estableció la Comisión después de que esta Soberanía recibió la Iniciativa en noviembre pasado, fuese mucho más abierta y mucho mejor comunicada hacia la ciudadanía, los actores involucrados con la arena de la política pública y los que se interesan en ella.
A lo largo y ancho de los foros que he recorrido en el último año, las preguntas sobre el destino legislativo de esta Iniciativa y la visión que sobre ella portan los legisladores de los diferentes institutos políticos, ha sido una inquietud constante y recurrente.
Espero con sinceridad que los trabajos parlamentarios en materia de esta Iniciativa, estén, antes que se asuma cualesquier Dictamen, a la altura de las manifestaciones de inquietud de esta mayoría nacional.
Divulgar y seguir consensuando esa “ruta crítica”, recabar opiniones, abrir el debate público de éstas y dar a conocer los primeros resultados, favorecería un trabajo parlamentario aseado, integral y, por supuesto, mucho más democrático.
Tercer apunte
Durante los últimos años he publicado un buen número de artículos sobre los serios problemas que contiene el Seguro Popular. En todos ellos documento los costos en que se traduciría aprobar la Iniciativa sin el debido consenso. Aunque me consta que muchos de estos materiales ya son del conocimiento de algunos legisladores, pongo un juego completo de ellos a la disposición de esta Soberanía, con vistas a que contribuyan a enriquecer el proceso de toma de decisiones en marcha.
Cuarto apunte
Es claro que al día de hoy, 14 de abril del 2003, es claro que si algo debe decirse sobre el Seguro Popular es que el único consenso que ha ganado genuinamente es un franco y estructuradísimo disenso sobre la eventualidad de su aprobación.
El Ejecutivo inició la operación de este programa sin consulta alguna con el Legislativo. Es más: a pesar de las varias solicitudes de los legisladores de ambas Cámaras, particularmente antes, durante y después de las comparecencias del secretario de Salud, Julio Frenk, no fue sino hasta el arribo de la Iniciativa de marras a esta su casa, al H. Senado de la República (su Cámara de origen), que el Legislativo contó con una visión mínimamente adecuada de los propósitos del Ejecutivo en materia de las “Reformas a la Ley General de Salud para el Seguro Popular”.
No exagero ni un ápice al participarles que para la gran mayoría de los interesados, la información básica sobre el asunto es virtualmente inexistente. Y entre aquellos que disponen de alguna información, por cierto bastante mal comunicada y dispersa, ciudadanos, opinión pública y las diferentes voces de la arena de la política pública, las opiniones son enteramente divergentes.
Se trata, por supuesto, de un fenómeno normal de las democracias. Nadie es dueño del interés público de todos los demás. También es tarea parlamentaria evitar la parcialidad y, simultáneamente, no soslayar ninguno de los valores e intereses legítimos. Por eso las democracias amplían la comunicación política y deciden una vez que el consenso básico ha sido ganado. Y ciertamente, ese no es el caso de la Iniciativa sobre el Seguro Popular.
Quinto apunte
Pero entre aquellos que cuentan con alguna información, ¿qué elementos estructuran este gran disenso del seguro popular? Sin insistir en los términos en que el Ejecutivo ha decidido operar este Seguro y el pobre e insuficiente “diálogo” con el Legislativo, pongo de relieve el siguiente listado mínimo y sumarizado de cinco elementos relevantes en este disenso:
1. Ausencia de consulta a la sociedad y a los involucrados en la identificación, formulación, diseño e implementación de la Iniciativa.
2. Discutible identificación del asunto o problema público.
3. Formulación sesgada.
4. Diseño inadecuado.
5. Instrumentación centralista, muy poco operativa y que recarga irresponsablemente los costos decisorios, económicos, organizacionales y médico-clínicos sobre las entidades federativas.
A lo que habría que agregar 8 elementos más, que corresponden al “color” del diseño mismo:
1. Fuerte presencia de la visión de la salud y del prepago en salud promovidas por la Organización Mundial de la Salud de la doctora Gro Harlem Brundtland con fuertes énfasis financieros.
2. Poca visibilidad en los impactos sobre la atención de daños y el nivel de salud de la población.
3. Formulación de un Paquete Básico Esencial “plus” preventivista y dotado de baja capacidad resolutiva médico-clínica.
4. Enfoque hacia la mercantilización de la atención con subordinación de la práctica médico-clínica.
5. Ausencia de adecuada perspectiva clínica y clínico-hospitalaria.
6. Base financiera poco definida.
7. Ausencia franca de evidencia internacional sólida.
8. Diseño arriba-abajo fuertemente centralista y en desmedro de las entidades federativas.
Sexto apunte
Pero me parece a mí que el gran elemento del disenso consiste en que el Seguro Popular postula una oferta de atención cuyo cumplimiento implica disponibilidad de calidad médica, y sobre todo, recursos e infraestructura con los que no se cuenta. Así, el seguro popular crea expectativas que no podrán ser cumplidas. Ya lo demuestran los procesos de no reafiliación de Guerrero y el Estado de México y como lo reconocen ya, desde la misma Secretaría de Salud, el Coordinador Federal del Programa, Héctor Hernández Llamas.
Y eso no es todo. Aún contando con todos y los mejores recursos humanos, físicos y de infraestructura, el mismo diseño del Seguro Popular va al rotundo fracaso.
¿ Por qué? Muy sencillo: además de que su viabilidad depende del magro ingreso disponible de las familias, su mejor puesta en operación sólo puede acabar generalizando la “cultura” del “seguro” (que defienden la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de Francisco Gil Díaz y el tecnocrático Programa Nacional de Salud 2001-2006 de Julio Frenk); una “cultura” que se traduce en estigmatización de los “pobres” (al estilo Progresa-Oportunidades de Santiago Levy) y selección adversa.
La mejor operación del seguro popular, aún en óptimas condiciones, sólo premiará a aquellos que puedan pagar algo y sacrificará, consecuentemente, a todos aquellos que no puedan: a los jóvenes, a los enfermos crónicos y a los adultos mayores, entre otros.
Así, la tercera estrategia del Programa Nacional de Salud de Frenk la así llamada “protección financiera”, termina enterrando a la primera estrategia del mismo Programa: la de “equidad”.
En una palabra: el Seguro Popular fracasará en la misma medida en que pretende operar la segregante “cultura” de la “atención administrada” de la salud, la célebre managed care y sus Grupos Relacionados de Diagnóstico. Después de una década de operación de ese fracaso ya podemos ver de la Ley Cien colombiana y, más tarde que temprano, nos lo reafirmarán las experiencias que publicita la Secretaría de Salud actual, particularmente la de Tailandia, la de Indonesia y la de China.
Concluyendo: la mejor operación del Seguro Popular, sólo agregará el nombre de México a la enroscada cola de una evidencia internacional de fracasos contundentes.
Séptimo apunte
La fracción panista de esta H. Cámara debe tomar muy en cuenta esta evidencia nacional e internacional, toda vez que, hasta donde da mi información, con el senador doctor Marco Antonio Xicoténcatl Reynoso a la cabeza, esta fracción parece haber optado por servir de puente entre la Iniciativa del Ejecutivo y esta Soberanía.
De la manera más respetuosa, invito a los senadores panistas a que reflexionen estratégicamente su voto respecto a un extremadamente discutible Seguro Popular que, insisto, aún contando con los mejores recursos va a la fracaso: ni es “seguro”, ni es “popular”.
Señores senadores: no manchen su nombre aprobando una Iniciativa que pretende legalizar un programa del Ejecutivo que nunca los consultó como Legislativo. Ahí está el más que honroso ejemplo de su compañero fallecido José Angel Conchello, cuando se aprobó la “nueva” Ley del IMSS en 1995, y por la que votó en contra.
Octavo apunte
Ante la carencia de información adecuada -atribuible al estilo en la toma de decisiones de Fox y su Ejecutivo Federal-; ante su vocación por iniciar la operación de programas sin la consulta del Legislativo; ante la evidencia del franco y estructurado disenso que se ha ganado genuinamente la Iniciativa, ante las evidencias que ha proporcionado la “ruta crítica” de la Comisión del Senado y los elementos problemáticos que estructuran el disenso, en mi opinión, sería un grave, muy grave desacierto aprobar en estas condiciones la Iniciativa de Reforma.
Habrá pues que votarla en contra. ¡Rechazarla! Si es el caso y de persistir en su empeño, el Ejecutivo Federal podría en algún futuro reenviarla, mejorada y enriquecida.
Y, para ello, desde mi punto de vista y lo subrayo, debería antes que nada y como tarea prioritaria, consultar al actor fundamental de la política pública: al médico, a la enfermera y al paciente. Sin ellos no hay políticas, aunque sobren tecnócratas.
LA PANTALLA DE FRENK
El foro fue de miedo, en efecto, para Julio Frenk. De acuerdo con información proporcionada a Imagen Médica el lunes 14 Frenk se levantó con miedo, por eso, ese día convocó a una conferencia de prensa para “hablar” sobre el proyecto del genoma humano, y para “tapar” lo que se diría en foro.
Pero la estrategia utilizada como pantalla de distracción funcionó parcialmente, pues para variar, la creación del Instituto de Medicina Genómica es uno más de los proyectos irregulares del gobierno foxista. En efecto, la iniciativa para su aprobación está “atorada” en la Cámara de Diputados. Pero aun así, como todo lo oscuro, el proyecto camina de manera sigilosa en el estado de Morelos.
Además, el secretario convocó a la conferencia de prensa luego de que se diera a conocer al mundo el “mapa” del código genético, presuntamente “descifrado” al 99.99 por ciento por científicos de Estados Unidos. Casualmente, la “inquietud” por promover el proyecto en México se dio en el año 2000, enarbolado por Guillermo Soberón Acevedo, cabeza de Funsalud, luego de que los mismos científicos estadunidenses dieron a conocer los “avances del mapa”, por cierto, del 97 por ciento en ese año.
No es casual, se trata, como comentan algunos legisladores, del “nuevo juguete” de Soberón Acevedo, ni más, ni menos. Y tan es así, que al igual que al seguro popular, para la creación de lo que presuntamente será el Instituto de Medicina Genómica, se “reasignaron” recursos correspondientes a la atención de la salud, desde la Cámara de Diputados.
Por esa razón, los legisladores confiaron a Imagen Médica que “sospechan” que las reasignaciones son “irregulares” porque además de que el proyecto “está en estudio”, sostienen “que no fueron autorizadas por el pleno”, es decir, resumen, se trata de “sucias operaciones, parecidas a las que recientemente hiciera Luis Pazos para reasignar recursos públicos a la Fundación Pro Vida” y que derivaron en el escándalo.
Tal es la preocupación del secretario por legalizar lo chueco, que el lunes 14, luego del escándalo de la genética, Frenk Mora sostuvo reunión cerrada con la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República. Justo al término del foro, Miguel Ángel Navarro Quintero salió apresurado de Donceles rumbo a la Torre del Caballito, donde encabezaría la reunión con el secretario programada a las seis de la tarde.
Poco después de las nueve de la noche Frenk Mora salió sonriente, de acuerdo con información obtenida por Imagen Médica, los priístas expusieron al secretario sus objeciones y cambios a la iniciativa para legalizar al seguro popular, luego del regateo llegaron a los “acuerdos”, con los que ambos “poderes” quedaron satisfechos y comprometidos.
Lo cierto es que al término del foro, Elías Miguel Moreno Brizuela, Míguel Ángel Navarro Quintero y Marco Antonio Xicoténcatl Reynoso coincidieron en señalar que el próximo miércoles 23, la iniciativa federal para legalizar al seguro popular será “discutida” y, en su caso, “aprobada” en el pleno del Senado. En obvio, sin el voto a favor del PRD.
Como cierto es también que el “cabildeo” y los “cañonazos” federales andan destapados a 10 días del término del periodo de sesiones en el Legislativo, y ante el inicio de las campañas políticas para las elecciones federales del próximo 6 de julio. Y que por eso es que a Frenk Mora y a la poderosa Funsalud “urge” sacar, a como de lugar, y “por la vía legal”, al menos esos dos proyectos -seguro popular y genoma humano- que nacieron y caminan desde hace tres años en las tinieblas.
Una tercera reforma está en la incertidumbre, pero al contrario de las anteriores, esta es “bloqueada” -en la Cámara de Diputados- por el Ejecutivo federal. Se trata de la que reforma al artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial, por medio de la cual, la industria farmacéutica nacional, presuntamente podría elaborar medicamentos de bajo costo contra VIH/Sida y cáncer.
Tres monedas están en el aire, los receptores esperan nerviosos su águila o sol.
Con información de Jani Luna González y Karina Ortiz García.
