El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo a fin de que la Auditoria Superior de la Federación investigue el posible desvío de recursos públicos federales de la Fundación “Vamos México”, al tenor de las siguientes consideraciones:
1. Las políticas públicas para superar la pobreza extrema colisionan con el modelo económico puesto en marcha desde hace dos décadas. Las promesas del gobierno federal de reducir la pobreza, generar empleos y recuperar el poder adquisitivo de los salarios comparten su vacuidad con las de sus antecesores priístas.
Ante el abandono que hace el gobierno de su responsabilidad, las instituciones e individuos que dedican sus esfuerzos a la filantropía, o sea, la provisión de bienes a la población necesitada, a través de actos voluntarios de caridad, cobran un peso especifico mayor, al grado de confundirse con la política pública en la materia.
2. La confusión entre asistencia y desarrollo social se agrega a la mezcla de lo público y lo privado en el caso de la Fundación “Vamos México”. El apoyo de la Presidencia de la República y de diversas instituciones del gobierno federal ha apuntalado el financiamiento y la actividad de la Fundación.
En su primer evento, la Fundación nació con pañales de seda, en contraposición a la legislación vigente, con el préstamo del Alcázar del Castillo de Chapultepec para organizar una cena concierto con un músico británico; desde un inicio tuvo a sus pies a los más renombrados líderes empresariales de la nación; instituciones y grupos económicos serían incapaces de decirle “no” a la Primera Dama; imprime 78 millones de guías para padres usando el presupuesto de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito; viaja con una agenda propia en las giras presidenciales por México y el mundo usando los recursos que para ello destina la Presidencia.
Sin el respaldo gubernamental, ninguna de las mil 700 instituciones de asistencia privada registradas en el país alcanzaría en su primer trimestre de ejercicio la recaudación de casi 72 millones de pesos1. Son estos apoyos los que constituyen una clara desviación de recursos públicos pues se utiliza el poder político para una institución de carácter privado y para fines exclusivamente personales.
A través de este organismo, la señora Marta Sahagún de Fox ha utilizado recursos públicos federales a su servicio, se ha aprovechado de su posición privilegiada e influyente como consorte del Primer Mandatario y ha generado una estructura paralela a la Presidencia de la República y a las instituciones del Estado dedicadas a la atención en pobreza extrema.
Más allá del profuso anecdotario de los excesos de la señora presidenta… de la Fundación preocupa a nuestro Grupo Parlamentario que, cubriéndose con el discurso de las buenas obras y del esfuerzo válido de sectores específicos de la sociedad para superar los problemas nacionales, se cometan actos de ilegalidad y se utilice una posición privilegiada y recursos públicos para un proyecto político personal.
Como expresa la articulista Denise Dresser “no se puede usar el argumento de que yendo a trabajar por mi país tengo el derecho a usar recursos federales”2.
Hay instituciones públicas y presupuesto para ello, ¿por qué no destilar mayores recursos a ellas? Si el afán es crear una organización privada, ¿por qué valerse ilegalmente de influyentismos y de recursos públicos federales?
La Constitución faculta a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar los recursos federales que ejerzan los particulares. Si es realidad que el gobierno actual y su partido están comprometidos con la transparencia no encontrarían mayor objeción a que se haga la solicitud que contiene esta proposición.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Auditoria a Superior de la Federación que, en ejercicio de sus atribuciones, investigue el posible desvío de recursos públicos federales cometidos a favor de la Fundación “Vamos México” y, si hay lugar, finque las responsabilidades que correspondan.
Dip. Elías Martínez Rufino
Palacio Legislativo de San Lázaro, 28 de Noviembre de 2002.
1Informe de Auditores Independientes sobre Estados Financieros de Fundación Vamos México, A.C. “Período inicial de operaciones del 24 de septiembre al 31 de diciembre de 2001”.
2Denise Dresser “El mareo de Marta” Proceso 1348, septiembre 1, 2002.
