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El Grupo Beta sumido en la corrupción e impunidad
Regresan los fantasmas de un oscuro pasado Jaime Velázquez
Los hechos demuestran que la Secretaría de Gobernación (Segob), no puede combatir el mal, tampoco el Instituto Nacional de Migración (INIMI), ambos organismos inmersos en una guerra declarativa de ataque frontal a la corrupción al interior de sus dependencias y en particular hacia el Grupo Beta, la organización que mejor conoce los puntos neurálgicos de los cruces migratorios legales e ilegales entre México-Estados Unidos, y México-Guatemala-Belice. El Grupo Beta nació como un organismo de apoyo a los migrantes en 1990 por impulso de Miguel Limón Rojas, entonces subsecretario de Población y Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación y de Ernesto Rufo Appel, en su primer año como gobernador de Baja California. La primera coordinación se estableció en la ciudad de Tijuana y actualmente existen 10 coordinaciones en el país: Agua Prieta, Nogales, Desierto de Altar, Tijuana, Mexicali, Tecate, Matamoros, Tapachula, Comitán y Tenosique. Los 110 elementos que laboran en las coordinaciones tienen como función principal realizar recorridos pie-tierra por las franjas fronterizas mexicanas con el objeto de auxiliar a los migrantes que tratan de alcanzar el "sueño americano". Según datos de la Segob, la coordinación Beta que más casos de atención registró de enero a junio de 2000 fue la de Agua Prieta con 156 mil 258; le sigue Nogales con 74 mil 109; y en tercer lugar Tijuana con 61 mil 114 casos. El coordinador en Tijuana, José María Salazar López, explicó en entrevista que la estadística refleja casos de atención, y no así número de migrantes, ya que a muchos se les atiende varias veces y se registra como una atención más, pero a veces es la misma persona. La estructura del Grupo Beta refleja contradicciones ente el dicho y la realidad. Y es que como ejemplo, Salazar expresó a Imagen Médica que Beta "no es un grupo policíaco y que su sentido no es policíaco, sino de ayuda humanitaria". Sin embargo, de los 45 agentes Beta en Tijuana, 15 son comisionados de la policía municipal; 15 de la policía Ministerial del Estado -antes Policía Judicial- y el resto son agentes federales civiles. Los porcentajes que constituyen a las demás coordinaciones en el país son muy semejantes, ya que todas se conforman por los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y están integrados por elementos de las corporaciones policíacas. Otra contradicción es la estadística declarada por el coordinador de Comunicación Social del INAMI, Raúl Zárate, al reportero de Frontera Saíd Betanzos el pasado 16 de julio en la que establece una atención diaria de 96 casos de Beta Tijuana, contra 15 en la misma frecuencia que declaró a este reportero el coordinador Salazar López. Lo cierto es que Beta es el único grupo en el país que recorre diariamente la frontera y que tiene contacto directo con migrantes, así como contacto y relación directa con los polleros, de manera inherente a sus actividades. LAS HUELLAS DEL NARCOTRÁFICO “Cuando esperábamos un gobierno de cambio en beneficio de Baja California con la llegada de Ernesto Ruffo Appel, sólo se fortalecieron más las estructuras de corrupción gubernamental”, dijo a Imagen Médica David Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos (CBDH), primer organismo de su género en Baja California.
Narró el también profesor de la Universidad de San Diego que desde el 15 de junio de 1993, el CBDH coadyuvó con la Procuraduría General de la República a integrar la averiguación previa 3355/DGM/93 en donde se mencionó la participación del hermano del gobernador Ernesto Ruffo -Claudio Ruffo- en actividades de narcotráfico. También se relacionó en los mismos delitos a funcionarios del gobierno estatal, como al entonces procurador de Justicia, Juan Francisco Franco Ríos, y a su jefe de escoltas, Sergio Sandoval Ruvalcaba, quien desde 1999 purga sentencia en la cárcel de San Diego, junto con otras 15 personas, por delitos contra la salud como resultado de una operación oculta de la DEA denominada operación Lechuza. Una de las denuncias principales era la venta de credenciales de la Policía Judicial del Estado (PJE) a ocho y diez mil dólares a la gente de seguridad de los Arellano, y cuyo contacto entre el gobierno del estado y la organización delictiva sería Sandoval Ruvalcaba. Según Clark Alfaro, Jorge Carpizo Mc Gregor, entonces procurador General de la República y encargado de la investigación en contra de Claudio Rufo y demás, estuvo a unas cuantas horas de aplicar un operativo donde se aprehendería al hermano del gobernador, al procurador, al jefe de escoltas y a otras personas. Finalmente -recuerda el ombudsman tijuanense-, "no actuó Carpizo, ni Benitez Treviño, ni Lozano Gracia, ni Jorge Madrazo, y menos creo que ahora actúe Macedo de la Concha”. Lo peor es que, cuatro años después de integrada la averiguación previa en contra del familiar del exgobernador y sus funcionarios, en 1997, Rafael López Cruz, uno de los agentes de la PJE que declaró en esa averiguación denunciando los hechos, apareció brutalmente torturado y asesinado. MIGRANTES, FUENTE DE RIQUEZA La corrupción en el ámbito del tráfico de personas migrantes y la complicidad de los llamados polleros con las autoridades ha sido harto denunciada, pero hasta la fecha no ha cambiado la estructura de fondo. En abril de 1995, el CBDH presentó un informe cuya copia obra en poder de Imagen Médica, dirigido básicamente al gobierno federal donde documentó la participación directa del delegado regional en Baja California del Instituto Nacional de Migración (INAMI) en 1994, Virgilio Muñoz, y otros funcionarios de la delegación regional. El informe estableció cómo los propios agentes de migración se habían convertido en traficantes de personas, y cómo se habían coludido con las principales organizaciones delictivas comandadas por los hermanos Peralta -operadores en distintos puntos de la ciudad de Tijuana-, quienes movían en esa fecha un promedio de mil migrantes por semana, generando un ingreso de 250 mil dólares semanales. Otro pollero conocido como El Profeta, operador en la central de autobuses, movía diariamente de 60 a 80 migrantes, en promedio 500 a la semana; tan sólo a la PGR le pagaba, según el informe, diez mil 500 dólares semanales y 500 dólares por turno al jefe de inspección del INAMI.
A Cancún, por ejemplo -declaró un agente en el informe-, "va uno y trae de 20 a 30 personas. Cuando el agente llega al filtro migratorio del aeropuerto de Tijuana, el mismo agente le paga a sus compañeros. Posteriormente el agente los transporta en su propio vehículo. A uno le apodan El expreso de Oriente porque trae orientales desde Cancún”. En otra de sus partes, el informe del CBDH concluye: “La disponibilidad del migrante como mercancía que se puede vender despoja al INAMI de todo contenido humanitario y atenta en contra de las normas mínimas de protección a extranjeros. Esta visión de un sector de la institución mexicana deja al descubierto una mentalidad nada distinta al de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. En el fondo el propósito es el mismo: el migrante es un objeto al que se le pueden violar sus derechos, su dignidad, vender, discriminar y explotar”. El entonces delegado del INAMI, Virgilio Muñoz, fue destituido por el gobierno federal a raíz de la entrega de los datos aportados por el CBDH, pero al sustituir Héctor Terán Terán a Ernesto Ruffo en el Gobierno del Estado, el nuevo gobernador nombró a Virgilio Muñoz secretario de Educación en Baja California, a pesar de las serias acusaciones e investigaciones en su contra derivadas del tráfico de migrantes. Y así, todo en familia. EJECUCIONES Y CORRUPCIÓN En una visita realizada el pasado 16 de julio a Hermosillo, Sonora, el nuevo director nacional del Grupo Beta –que tiene tres meses en el cargo-, Jaime Arturo Paz García, reconoció públicamente que se había detectado un alto nivel de corrupción entre varios integrantes de su corporación, sobre todo en las coordinaciones de Agua Prieta y Nogales, y que "la Secodam ya estaba investigando", pues se había comprobado que algunos agentes utilizaban los vehículos de la corporación para transportar a los migrantes que extorsionaban. El 21 de julio, Paz García reveló que él y algunos coordinadores regionales de la corporación fueron amenazados de muerte, a raíz de las investigaciones que se llevan a cabo al interior del organismo por presuntos desvíos de recursos, extorsión y tráfico de indocumentados. "Sí, efectivamente han llegado amenazas de muerte contra un servidor y contra varios de los coordinadores regionales del Grupo, pero eso sólo muestra que estamos llegando", dijo. En días recientes, una pareja de ecuatorianos denunció a Imagen Médica que el grupo Beta en Tecate y la Agencia del Ministerio Público Federal de esa población obligaron a uno de ellos a declararse pollero mexicano, y actualmente, está siendo procesado por esos cargos en la penitenciaría de La Mesa en Tijuana. Desde sus orígenes el grupo Beta Tijuana ha estado marcado por la sombra de la corrupción. El primer jefe de la corporación en esta ciudad, Javier Valenzuela Malagón -actual administrador del Colegio de la Frontera Norte-, fue acusado públicamente de tener vínculos con el narcotráfico por quien en ese entonces era el representante del SIN estadounidense en el consulado americano, Raúl Ozuna. El exasesor jurídico de Beta Tijuana, Rafael Ávila, fue ejecutado a la salida del hotel Conquistador el 4 de febrero de 1999, presuntamente por un asunto relacionado a los polleros. El caso fue investigado por quien era comandante de la Policía Judicial Federal en Tijuana, Leonardo Rodríguez Rementería, y a quién luego se le relacionó e investigó por presuntos vínculos de ese mismo asesinato. El pasado 28 de julio en la ciudad de México fue a su vez ejecutado Leopoldo Rodríguez Rementería, quien se desempeñaba como primer comandante de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada cuando se dirigía a las oficinas de la PGR. UNO PARA TODOS… Vicente Fox Quesada, -al igual que lo fue Ernesto Ruffo en su estado natal-, ha sido considerado el "hombre del cambio". Sin embargo, en la frontera norte las cosas no han tenido muchas variantes. Y es que el gobierno foxista creó la Comsión Intersecretarial para la Frontera Norte y nombró a Ernesto Ruffo comisionado titular de la dependencia.
En efecto, Carlos Fernández Ruiz se desempeñó durante la gubernatura de Ruffo en Baja California como secretario de Desarrollo Económico; ahora es jefe de la Unidad de Desarrollo Económico de la nueva oficina. Se integraron también al nuevo equipo, Carlos Murillo y Miguel Ángel Anaya, antiguos colaboradores de Ruffo Appel en su sexenio. También José Antonio Bolívar, quien fue representante del gobierno del estado en la Ciudad de México durante la primera gubernatura de oposición en el país; ahora se desenvuelve como jefe de la Unidad de Enlace del comisionado en la capital de la República. En el caso de Baja California, el delegado regional del INAMI, Rodolfo Valdés Gutiérrez, se desempeñó como coordinador de Comunicación Social y secretario de Gobierno del mismo gabinete ruffista, y ahora, Valdés Gutiérrez coordina el grupo Beta de Tijuana, Tecate y Mexicali, así como a los agentes de migración, además, en su tiempo como secretario de Gobierno de Baja California se dieron los hechos de corrupción en el INAMI denunciados por el CBDH, y las denuncias actuales de corrupción. Y hay más, el coordinador de Beta Tijuana, Salazar López, lleva cuatro años en el cargo, y antes, fue delegado local del INAMI en Nogales, Sonora, estación señalada por el nuevo director nacional de Beta como el principal foco de corrupción de ese organismo. Los hombres "del cambio" reafirman el pasado. Así de simple. |
Sin duda, el Grupo Beta se encuentra convertido en un ente contradictorio. Dos rostros lo identifican, el humano, y el corrupto. Y no sólo por las últimas denuncias documentadas de corrupción en contra de los agentes del grupo, sino también por los señalamientos de nexos con el narcotráfico, tráfico y extorsión de migrantes, y recientemente el contubernio de autoridades migratorias con polleros para encarcelar inocentes en lugar de los traficantes de personas.
Clark Alfaro aseguró que fue durante el sexenio de Ruffo Appel -de 1989 a 1995- cuando se consolidó la agrupación delictiva de los hermanos Arellano Félix, al grado de que cuatro años después de la toma de posesión del primer gobernador panista, con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993 en la ciudad de Guadalajara, el gobierno federal etiquetó a la organización de los Arellano como El cártel de Tijuana.
Por esas fechas, ya se había establecido una red de tráfico de migrantes que operaba casi desde cualquier país hacia México, para cruzar a los Estados Unidos, la mayoría de Guatemala, El Salvador, Sudamérica y China. Todos con la participación directa de las autoridades del INAMI, al grado de que un agente de Tijuana entrevistado por el CBDH declaró que varios de sus compañeros viajaban a distintas partes del país a recoger su “mercancía”.
Si antes el gabinete de Ruffo tenía injerencia en el control de la frontera bajacaliforniana, ahora la tiene en todas las fronteras del norte del país. Y los nombramientos en su nueva oficina, demuestran la continuidad de sus políticas.
