Ni salud, ni nada para los migrantes

Sergio murió de sida en Vista, California a los 27 años de edad.

Era originario de Tlaxiaco, Oaxaca. De joven terminó la telesecundaria y aprendió a manejar maquinaria industrial. Emigró primero a la Ciudad de México para pagar deudas que sus padres habían contraído por afecciones de la vejez; después se fue a los Estados Unidos porque el dinero no alcanzaba.

Sus padres estaban orgullosos en su pueblo, ya que Sergio había podido cruzar "la línea" y les estaba mandando dólares. Allá se enfermó de sida –nunca dijo cómo-, y regresó a morir a su pueblo.

Su familia dijo primero que tenía gripa, luego, que cáncer…

Roberto manejaba un taxi de la ruta Tlaxiaco-Juxtlahuaca en el estado de Oaxaca. Aunque siempre aseguró que él nunca se iría de "mojado" mientras tuviera el taxi y fuerzas para trabajar, la saturación de la ruta por concesiones otorgadas al Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB) y a otras organizaciones lo obligaron a emigrar con su esposa y su hijo de dos años.

Pagó en Tijuana tres mil dólares para que su familia pasara por "la línea". Para ahorrar, decidió pagarle al "coyote" 700 dólares, y él, cruzar por el desierto de Yuma. Después de tres días de marchas forzadas, completamente deshidratado y con los pies inflamados por las ampollas, la gente de un rancho lo rescató de morir abandonado en ese desierto.

Finalmente se reunió con su familia en San Diego, California y luego de varios meses de trabajar junto con su esposa para pagar las deudas que contrajeron al cruzar "la línea", ella se enfermó gravemente.

Roberto tuvo que mandar por un médico a Tijuana, al que le pagaron 170 dólares sólo por la consulta. Ambos le dan gracias a Dios del monto de sus honorarios, pues en San Diego les querían cobrar mil 200 dólares por la misma consulta.

El médico le diagnosticó a la señora una fuerte infección en la matriz, desnutrición muy avanzada y cuatro meses de embarazo. No saben que hacer ahora.

MILES DE HISTORIAS

Estas son dos historias, de miles parecidas, que ilustran la problemática padecida por una gran cantidad de migrantes que van a Estados Unidos a tratar de mejorar sus niveles de vida ante la incapacidad del gobierno de México de generar condiciones adecuadas para sus ciudadanos.

Así fue la temática en el Tercer Encuentro Indígena Binacional que se llevó a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California los pasados 23 y 24 de junio, y se concluyó que Vicente Fox Quesada ha establecido como prioridad de su gobierno los asuntos indígenas y migratorios… pero sólo en el discurso.

En forma unánime, dirigentes y participantes del Encuentro en esa ciudad fronteriza criticaron la política del gobierno federal en materia indígena y migratoria, la cual no es igual a la del sexenio anterior, "sino peor".

En el documento que se emitió como conclusión del Encuentro, se establece prioritariamente el rechazo total al dictamen de Ley Indígena aprobada por el Congreso de la Unión, y conocida como la Ley Barttlet-Fernández-Ortega, "porque no respeta el espíritu de justicia y dignidad hacia los pueblos indígenas alcanzado en los Acuerdos de San Andrés y en la iniciativa de Ley elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) en 1996".

Se conminó a los Congresos de los Estados que faltan de analizarla, "que no la aprueben, porque no proviene de una consulta a los interesados".

El documento final abunda: "… dicho dictamen contradice el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en su calidad de Ley Suprema, ya que no reconoce el derecho a la libre determinación, ni a la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades, pues los traslada a la decisión de los Congresos de los estados".

"Quienes aprobaron dicha ley –continúa el manifiesto-, demuestran una visión retrógrada, colonialista, racista, discriminatoria y conservadora hacia los pueblos indígenas, visión que persiste en gran parte de la sociedad mexicana…a pesar de que gran parte de la riqueza de las naciones americanas se ha construido con la sangre y el trabajo de los indios".

El dirigente de la Federación de Organizaciones y Comunidades Oaxaqueñas Indígenas en California (FOCOICA), Daniel Gustavo Santiago, rechazó rotundamente la aplicación de la Ley Indígena que promueve el gobierno federal, porque "de ninguna manera establece garantías para las comunidades indígenas".

Además, explicó a Imagen Médica que el principal problema que el gobierno federal debe atender ya, sin demora, es el de la regularización o "amnistía" de los miles de mexicanos que se encuentran desde hace varios años trabajando y viviendo en los Estados Unidos y que ya han hecho ahí una forma de vida, ya tienen familia que pertenece a la sociedad de ese país.

"Estamos organizando un comunicado con más de un millón de firmas dirigido al presidente Vicente Fox donde le solicitamos que antes de pactar un nuevo programa bracero, o como le quieran llamar, ayude a regularizar la situación de estos mexicanos".

— ¿Esto sería para obtener los derechos mínimos al laborar en los Estados Unidos?

— De ninguna manera sería para obtener derechos mínimos, sino todos los derechos que tiene cualquier persona que va a dejar su esfuerzo y su vida a ese país.

Señaló que la falta de atención al migrante se detecta en casi todos los ámbitos. El caso del programa Paisano, por ejemplo, dependiente del Instituto Nacional de Migración y establecido desde hace más de seis años, presuntamente para atender a la población migrante mexicana que regresa a sus comunidades y a la que habita en ciudades de Estados Unidos, tiene un representante en Los Ángeles: Mario Pérez Zamora.

La oficina de este programa está ubicada en el consulado de México en esa ciudad y todo su personal es únicamente Pérez Zamora, quien debe organizar los programas de difusión, hacerlos llegar a una comunidad mexicana que alcanza los dos millones de personas en la zona, atender las quejas, y hasta contestar el teléfono.

"A lo mejor el programa no es malo –afirmó Santiago- pero qué puede hacer en este caso del Paisano una sola persona. Los programas no son malos, los hacemos malos".

La investigadora de El Colegio de la Frontera, Laura Castro, declaró a Imagen Médica que en estudios realizados por distintos organismos de ayuda al migrante se ha determinado que el 80% de las instituciones e infraestructura de apoyo, como casas del migrante y otras, provienen de las iglesias y de las ONG. El gobierno tiene muy poca infraestructura y muy mal atendida.

MAQUILADORAS, FALSA REALIDAD

Marta Sánchez Néstor, indígena de Xochistlahuaca, Guerrero, y dirigente del Consejo Guerrerense "500 Años de Resistencia Indígena", la cual agrupa 450 comunidades en treinta y un municipios de ese estado, denunció que, por ejemplo, en una comunidad de San Luis Zacatlán –en Guerrero- el mes pasado emigraron a los Estados Unidos treinta y nueve personas de una población total de trescientas, lo cual representa un índice migratorio que no se había visto nunca en esa zona.

Esto refleja, según la dirigente indígena, los efectos de la política "neoliberal que aplica el presidente Fox", tanto en la distribución de recursos de Progresa y Procampo, como en los intentos de instalar maquiladoras en el estado, las cuales han demostrado en todo el país su ineficacia como solución económica de las comunidades.

"La política de Fox es empresarial en todos los sentidos" –enfatiza Marta Sánchez-. "Lo digo porque en Guerrero, el gobierno está organizando a quienes van a recibir los créditos de Procampo, por ejemplo, en grupos como consejos de administración de una empresa para que se desempeñen como tal. Y si no se organizan de esa manera, simplemente no les entregan nada".

Desde el punto de vista de la lideresa, este esquema "de negocios" está contrapuesto a la forma tradicional de organizarse de los pueblos indígenas, quienes tienen costumbres de cooperación comunitaria como el tequio, donde los miembros de esos pueblos se organizan para realizar trabajos en favor de la comunidad de manera gratuita, consistentes en sembrar árboles, abrir zanjas, pintar edificios públicos, etcétera.

Pidió a los medios de comunicación se interesen por asuntos como el de la venta de dos mil 600 hectáreas que el gobierno de Guerrero está tratando de hacer a la General Motors para que instale una pista de pruebas de autos de carrera en la costa de esa entidad, debido a que las condiciones de clima y altitud aparentemente favorecen esa actividad.

"Pero no están hablando con las comunidades que se verían afectadas, sino lo está negociando el gobernador (Juárez Cisneros) de manera unilateral. Los pueblos de esa zona no van a recibir ningún beneficio, pues no están participando en las negociaciones. Habría que analizar primero si es conveniente que se instale ahí una pista de pruebas y luego las condiciones en que se daría un beneficio a los indígenas del lugar, pero no se les toma en cuenta".

Gaspar Rivera Salgado, oaxaqueño de la mixteca, expuso en el Encuentro que el migrante nunca corta nexos con sus lugares de origen, por lo que la migración de comunidades muy pobres se llegan a ver fortalecidas por los envíos de dólares y de recursos en general que se hacen desde el extranjero.

La liga de los migrantes con sus comunidades nativas se refleja, cuando menos en Oaxaca, en el hecho de que personas que abandonaron durante mucho tiempo sus poblaciones, son designados por sus autoridades para desempeñar cargos de elección popular, como síndicos, regidores, presidentes municipales y diputados, incluso cuando todavía se encuentran viviendo en el extranjero. Casi todos acuden a cumplir con la designación.

El caso de Oaxaca es el ejemplo más representativo, ya que cuenta con 570 municipios -el de mayor número en el país-, de los cuales más del 50% se rigen por el método de Usos y Costumbres.

"Así como lo están haciendo en las comunidades del estado de Oaxaca –aseguró Rivera Salgado-, también lo hacen en los grupos oaxaqueños que se organizan en el valle de San Quintín, Ensenada, Fresno, Los Ángeles, San Diego y de toda la Unión Americana".

Está consciente de que las autoridades mexicanas no les reconocerán ninguna personalidad jurídica a quienes sean nombrados dentro de estas comunidades en los estados fronterizos, y menos las de Estados Unidos, "pero tienen la autoridad moral dentro de la comunidad migrante".

Tiburcio Pérez Néstor, mixteco oaxaqueño que actualmente se desempeña como jefe de área de la Universidad Pedagógica Nacional en Tijuana, coincidió con Rivera Salgado en el fortalecimiento de las comunidades de origen que realizan los migrantes.

Presentó una tabla basada en un estudio efectuado en 1991 y publicado en 1996, donde se estableció que el monto del dinero enviado al estado de Oaxaca por familiares que se encontraban trabajando en los Estados Unidos fue igual al presupuesto anual del estado ese mismo año: dos mil millones de dólares.

En tanto, Rufino Domínguez, dirigente provisional del FIOB, expresó en su participación del Encuentro que el gobierno de George Bush "es muy conservador y en el fondo no ve bien a los migrantes".

"Las autoridades de Estados Unidos –dijo- no reconocen ni respetan el convenio 169 de la Organización Interamericana del Trabajo, ni quieren reconocer ningún tipo de convenio laboral internacional, lo cual deja en indefensión a miles de paisanos que trabajan en ese país".

Hizo un llamado a organizarse y sumar esfuerzos, ya que "el gobierno actuará más rápido para resolver un problema si, por ejemplo, se organiza una marcha por cualquier razón que sea simultánea en Estados Unidos y en Oaxaca".

LA INSUFICIENCIA

Otro ejemplo de como la infraestructura del gobierno federal es insuficiente para el desarrollo de programas dirigidos a los pueblos indígenas es el caso de la dirección general de Culturas Populares, la cual, dependiente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), recibió prácticamente el mismo presupuesto operativo del año pasado para las actividades de 2001 con tan sólo un incremento de cinco millones de pesos para atender a todos los estados de la República Mexicana.

El caso de la Unidad Regional Norte, que comprende todo el estado de Baja California Norte y cuya sede está en Tijuana, es dramático. Es una de las puertas migratorias y comerciales más importantes del mundo y debería atender a una población local y migrante de más de dos millones de personas.

Para tal efecto, cuenta sólo con seis empleados en Tijuana y uno en Mexicali. El salario promedio de los promotores culturales es de tres mil 500 pesos al mes y tienen una camioneta para todas sus actividades.

El programa más importantes que opera Conaculta a través de Culturas Populares es el Programa de Atención a Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc), y de acuerdo al plan de descentralización de la cultura que se ha estado implementando desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se financia con fondos del gobierno federal y de los gobiernos de los estados.

La mecánica operativa establece que la federación otorga un peso por cada peso que otorgue el estado a este fondo. En el caso de Baja California, desde el año pasado el gobierno estatal destinó a este fondo 200 mil pesos, por lo que la federación otorgó otros 200 mil pesos.

En 2001, el gobierno estatal volvió a destinar la misma cantidad, sin tomar en cuenta los procesos de inflación que se enfrentan, y la federación destinó por consiguiente 200 mil pesos más. El titular del Instituto de Cultura de Baja California es Patricio Vallardo.

En contraposición, Chiapas destinó para este año al mismo fondo un millón quinientos mil pesos, y la federación tuvo que destinar otro millón y medio de pesos al Pacmyc, y ese estado atiende a la cuarta parte de población que le corresponde a Baja California Norte.

Griselda Galicia García, titular nacional de la dirección general de Culturas Populares reconoció ante Imagen Médica que en Baja California se está dando un momento político que afecta a la planeación de estos programas de apoyo debido a que la actual administración estatal "está saliendo", y ella "va entrando en funciones" con el gobierno de Vicente Fox.

— Seguramente llegamos tarde para poder demandar y coordinar –expuso la directora.

— ¿Habrá que esperar al cambio de gobierno del estado para poder establecer un lineamiento de apoyo a las culturas populares?

— Pues habrá que esperar, pero ya debemos trabajar en la creación de condiciones para desarrollar los proyectos federales. A eso obedece mi presencia aquí (en Tijuana).

La funcionaria federal, quien se desempeñara como delegada regional de Culturas Populares en Oaxaca en el sexenio pasado, informó que una de las nuevas políticas que se establecerán son los programas de atención a las zonas urbanas, que iniciarán en el presente mes en Monterrey, Nuevo León, para después llevarlo a Tijuana, Ciudad Juárez y otras ciudades.

La idea es contactar a jóvenes que pertenecen a pandillas, chavos banda y colonos para elegir a los líderes naturales y nombrarlos con la forma de "gerente social" – ya no promotor cultural, como era antes- e invitarlos a colaborar en la aplicación de los programas.

El cambio del actual gobierno en este ámbito de Culturas Populares sería con un sentido de resultados y evaluaciones de corte empresarial.

Aunque el Tercer Encuentro estuvo organizado por Culturas Populares, la titular de esa dependencia no acudió a la celebración del mismo y sólo realizó una reunión de trabajo un día antes de la inauguración.

Finalmente, los dirigentes entrevistados por Imagen Médica coincidieron también al afirmar que el presidente considera haberle cumplido a los indígenas con nombrar a personas de origen indígena en puestos clave, como es el caso de Xóchitl Gálvez Ruiz en la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y el de Griselda Galicia en Culturas Populares.

— ¿Los representan estos funcionarios? ¿Representan sus intereses?

— No. –respondió tajante Marta Sánchez Néstor.