La doctrina social vaticana y los tecnócratas mexicanos
Gustavo Leal F.
“No se puede ‘dar’ al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde”. Con esta afirmación principia la carta encíclica vaticana Caridad en la verdad (2009), severo juicio sobre el estado de la cuestión social en la era de la globalización y la gestión tecnocrática de la seguridad social, particularmente la expropiación que ha ejecutado el mundo financiero sobre los recursos pensionarios de los trabajadores.
Como indica el Plan Nacional de Desarrollo de Calderón: “existen cerca de 3 millones de trabajadores afiliados a sistemas de pensiones públicos de reparto. Se buscará consolidar un sistema nacional de pensiones (construido) mediante (su) transformación en sistemas de cuentas individuales”.
O como afirmara Juan Molinar Horcasitas desde la dirección del IMSS: un “mercado interinstitucional de servicios de salud” es la mejor manera de poner fin “a los monopolios perezosos y a la ineficiencia de las instituciones de salud pública”.
Los gobiernos de tecnócratas hacendarios (priístas y panistas), así como los integrantes de la CONSAR, AMAFORE, “liderazgos” sindicales impuestos, legisladores (Samuel Aguilar Solís), autoridades de las grandes institucionales nacionales de salud y seguridad social (Yunes), algunos actuarios, consultores, analistas a modo y académicos jilgüeros, podrán reconocerse en el cuadro que -sin alcanzar la previa Rerum Novarum (1891)- pinta Caridad en la verdad respecto a una actuación social que deja a merced de “intereses privados y de lógicas de poder” el despeñamiento del “bien común”.
Respecto al SAR, Manlio Fabio Beltrones lo planteó claro: “los legisladores nos propusimos reforzar la certidumbre económica y financiera del país, atendiendo un problema severo del sistema de pensiones. Hicimos modificaciones que no se pensaban posibles. Hicimos lo que no se hizo en 1997”.
Y Sergio Sarmiento lo secundó: “la nueva Ley del ISSSTE limitó el costo de las pensiones del sector público que amenazaba con quebrar al Estado mexicano”.
En la tarea por dificultar el tránsito de “condiciones menos humanas a condiciones más humanas”, los tecnócratas que han comprometido el futuro pensionario de los trabajadores activos y de nuevo ingreso -vía unas cuentas individuales que jamás garantizarán retiros dignos pero sí altas comisiones para las administradoras durante su entera carrera laboral- tienen una responsabilidad directa.
La tienen porque, como indica Caridad en la verdad imponen una sociedad que -mientras afirma valores como la dignidad de la persona- “se contradice radicalmente” aceptando y tolerando las más variadas formas de menosprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es débil y marginada.
Una sociedad en donde la ganancia útil, como medio, si se orienta a un fin que le dé un sentido, tanto en el modo de adquirirla como de utilizarla, puede constituirse en el “objetivo exclusivo” cuando es obtenido mal y sin el bien común como fin último, corriendo el riesgo de destruir riqueza y crear pobreza.
Para decirlo como Julio Frenk: “en México existe una tara mental que impide aprovechar la infraestructura de los servicios privados. Tal como está previsto en la ley, la SSA iniciará las gestiones con proveedores particulares para firmar convenios que atiendan a los beneficiarios del Seguro Popular”.
Una actividad financiera “mal utilizada y en buena parte especulativa” que “falta al respeto de los derechos humanos” de los trabajadores, ahí donde a los sistemas de protección y previsión “les cuesta trabajo y les costará todavía más en el futuro” lograr sus objetivos de justicia social en un cuadro de fuerzas profundamente transformado.
Como escribió Alejandro Villagómez (CIDE) después de la imposición del sistema de cuentas individuales a los de nuevo ingreso al IMSS “es otro paso en la dirección correcta, dos décadas después de iniciado este proceso complejo y tortuoso. Habrá que continuar con los programas de reparto aún existentes”.
A la falta de “reglamentación” del mundo del trabajo se agrega la “reducción” de la red de seguridad social con grave peligro para los derechos de los trabajadores, los derechos fundamentales del hombre y la solidaridad del Estado Social. Los sistemas de seguridad social pueden “perder” la capacidad de cumplir su tarea. Los recortes al gasto social -promovidos también por las instituciones financieras internacionales (Santiago Levy-BID)- pueden dejar a los ciudadanos “impotentes” ante riesgos, impotencia que “aumenta” por la falta de protección de las asociaciones de trabajadores (Valdemar Gutiérrez Fragoso-SNTSS). Ellas también tienen “mayores dificultades” para desarrollar su tarea porque los gobiernos limitan a menudo las libertades sindicales o su capacidad de negociación (Felipe Calderón). La invitación a dar vida a sindicatos que defiendan sus derechos “ha de ser respetada hoy más que ayer” (Javier Lozano-STPS).
Después de la “reforma” del ISSSTE y sus cuentas individuales, Vanesa Rubio -vocera de la AMAFORE- consideró que el “siguiente paso consiste en homologar las contribuciones del IMSS con los del ISSSTE. El Congreso “deberá” establecer cómo se incrementará el 6.5 por ciento de aportación de los del IMSS con el 11.3 correspondiente a los del ISSSTE.
Caridad en la verdad señala: “la dignidad de la persona y las exigencias de la justicia requieren, sobre todo hoy, que las opciones económicas no hagan aumentar de manera excesiva y moralmente inaceptable las desigualdades”, tal y como las incrementaron los tecnócratas priístas y panistas de la “modernización”-Salinas de Gortari.
Como el IMSS-Karam: no se puede ‘dar’ sin haber cumplido primero con lo que en justicia corresponde.
Redacción:
Este artículo de Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada el sábado 22 de agosto de 2009.
