Seguro de desempleo no universal = despojo
Gustavo Leal F.*
La propuesta de campaña de Peña Nieto por un Seguro de Desempleo temporal no universal culmina en despojo de los fondos de vivienda de los trabajadores: descapitalizará al INFONAVIT y mermará su derecho a vivienda digna. Además, es altamente demagógico publicitar como “universal” algo que, de entrada, establece excepciones que niegan cobertura a todos. Y, por el muy limitado -mínimo o básico- alcance de sus prestaciones, se aleja del diseño de un instrumento de seguridad social integral moderno.
Pretextando liberar el potencial de la economía para “crecer” con las reformas que “el País necesita”, Peña oferta al mundo global un México salarial barato y ambientalmente desregulado.
Para ello se activó, primero, la reforma laboral (noviembre 2012) que, con nuevos tipos de contratación y subcontratación “legal” (outsourcing), afecta severamente las posibilidades de alcanzar seguridad social, especialmente para los jóvenes. Sustituyendo la seguridad social integral por la protección social mínima, el secretario Navarrete Prida suscribió con OIT (junio 2013) un Convenio para promover la aplicación de “pisos” de protección social básica, el primero en América Latina.
Luego se aprobaron cambios constitucionales para imponer una micro-pensión “universal” y una simulación de seguro de desempleo parchado a la Ley IMSS: sólo para los trabajadores del Apartado A, tomado de la propuesta -nunca definida- de “universalidad” Levy, publicitada por intelectuales mediáticos e intereses, con el ingenuo argumento de que eran “nuevos derechos de amplia vocación social”. En verdad, buscaban otorgar una justificación “social” al incremento del IVA. Un desfigurado “intercambio” parlamentario, condujo a que el responsable de OIT, Guy Ryder, sugiriera que fuera “sometido a debate público”.
La simulación de seguro, sólo ampara al sector formal. Peña identifica “universalidad” con autopago de la prestación “mínima” de la bolsa de los mismos trabajadores. No amplía el cuadro de derechos humanos en materia de salud y seguridad social integral al cargo del IMSS-ISSSTE. Su “universalidad” no dilata derechos universales, ni actualiza el catálogo de titularidades a la altura ciudadana del Siglo XX1.
Por añadidura, el mito de la “universalidad”-Peña monta la operación del su “nuevo” derecho social acotado -sin siquiera evaluarlo- sobre la minada base de un privatizado sistema de cuentas individuales para el retiro, que ha proporcionado todas las pruebas de ser incapaz de garantizar pensiones “dignas”. Y requisito fundamental de ésta “universalidad”, operada por el IMSS, es la participación de los “beneficiarios” en los esquemas de promoción, colocación y capacitación para desempleados al cargo de la STPS.
En el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, el secretario Videgaray comunicó -el 27 de febrero- que “a partir de hoy y hasta el 30 de noviembre de 2018, es decir el último día de la administración del Presidente Peña Nieto, el Ejecutivo Federal se compromete a no proponer al Honorable Congreso de la Unión cambios en la estructura tributaria. En específico, a no proponer nuevos impuestos. El Ejecutivo sólo propondría modificaciones en respuesta a eventos macroeconómicos sustanciales y extraordinarios ante los cuales sea inevitable realizar ajustes al marco tributario”.
Sólo siete días después, el 6 de marzo, las Comisiones Unidas de Hacienda y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobaron reformas a la Ley del IMSS que establecen como un “nuevo” seguro del régimen obligatorio, el seguro de desempleo (LXII Legislatura, Nota No. 6072).
El financiamiento proviene de una aportación patronal de 3.0 por ciento que se depositará en la subcuenta mixta de la cuenta individual del trabajador más 0.5 por ciento de aportación del gobierno federal a un Fondo Solidario. “No implica una aportación patronal adicional” pues proviene de la “reducción” de la aportación a la subcuenta de vivienda “que pasa de 5.0 a 2.0 por ciento”. La subcuenta mixta será administrada por una sociedad de inversión especialmente constituida por el INFONAVIT o por una Afore, “a elección del trabajador”. Ella “podrá utilizarse para pagar” la prestación del seguro de desempleo, para financiar créditos hipotecarios o retiro.
La prestación que otorga el seguro, será para trabajadores permanentes, de hasta seis pagos mensuales sobre el salario base de cotización (SBC) promedio de las últimas 104 semanas cotizadas, el primer mes 60 por ciento, segundo mes, 50 por ciento y los meses restantes, 40 por ciento. Para los eventuales, será un pago único de dos veces el SBC de las últimas 26 semanas cotizadas, a cargo de la subcuenta mixta. Se otorgará a partir del 1 de enero, 2015 y el Ejecutivo lo “evaluará” en un término de dos años.
Peña ha descontado la urgencia de debatir su propuesta de “universalidad” porque, después de la reforma laboral de noviembre 2012, el programa sexenal ha optado por sustituir la seguridad social integral por una “protección” social mínima. Guy Ryder, responsable de OIT, considera que “no hay receta mágica. México tendrá que buscar sus soluciones” (Reforma, 16.11.13).
Es claro que el “nuevo” PRI-Peña es incapaz de hacer el debido corte de caja a que estaba obligado, después de 12 años de administraciones panistas y que le correspondía como “segunda” oportunidad de alternancia. La bomba y sus correspondientes rescates, le explotará al siguiente gobierno.
Por lo pronto, Peña se lava las manos ofreciendo simulaciones de “nuevos derechos sociales mínimos”, como el seguro de desempleo NO universal. Y como ya antes sucediera con la lesiva reforma laboral, frente a este despojo, las “representaciones” obreras corporativas sólo guardan silencio.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
