El ISSSTE y la “universalidad”- Peña
Gustavo Leal Fernández
Sebastián Lerdo de Tejada asumió el cargo en diciembre 2012. En febrero 2013, declaró que “podremos hacer más con menos recursos”. Dos meses después ya reconocía que “de no implementar cambios, el déficit financiero llegará a 8 mil 500 MP en 2020”.
En junio, el Informe Financiero y Actuarial 2013 (IFA-2013) establecía que: “la situación no refleja la realidad que encara el ISSSTE, ya que enfrenta desequilibrios en la estructura de ingresos y gastos de algunos de los seguros y prestaciones, en particular el Seguro de Salud. Refleja una realidad de suficiencia económica limitada y de viabilidad financiera comprometida a largo plazo”.
A pesar de que el ISSSTE “reformado” ya no soporta las pensiones de quienes, por los exitosos amparos, quedaron cubiertos por el Artículo Décimo Transitorio -ahora en responsabilidad plena de la SHCP-, ni tampoco de los de nuevo ingreso que jugarán el futuro de su retiro en la ruleta financiera de PENSIONISSSTE, su cuentas no daban. El IFA 2013 sólo ofrecía estimar “posibles modificaciones a las cuotas y aportaciones para garantizar la viabilidad financiera del Instituto”.
El “éxito” de la “reforma” Calderón y su “alivio” sobre las finanzas públicas fue propaganda. La Ley-2007 es más cara que la que abrogó (1983). Y para poner a flote al ISSSTE, el PRI-Peña pretendía que los trabajadores del Apartado B pagaran más cuotas con peores servicios.
En octubre 2013, Lerdo documentó que el ISSSTE enfrentaba restricciones presupuestales. En 2012 recibió transferencias gubernamentales por 15 mil 765 MP para “afrontar sus desequilibrios”. De los 9 fondos que opera, 4 registraban déficit: el Seguro de Salud: 2 mil 471 MP; el de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez: 9 mil 487 MP; el de Prestaciones Sociales y Culturales: 2 mil 106 MP y el de Riesgos de Trabajo: 262 MP.
También aclaró que el IFA 2013 “por ningún motivo sustituye la obligación de establece el artículo 46 transitorio de la Ley, para revisar la viabilidad futura del Instituto, que debió haberse realizado en 2011. Para solventar esta omisión se presentará a nuestro órgano de gobierno como lo establece la Ley y se le hará llegar a esta soberanía”. Diez meses después, Lerdo no había “revisado” absolutamente nada.
Y su “solución” era sencilla: “la Ley establece que en caso de requerirse recursos adicionales para cubrir las necesidades de operación, estas deberán provenir de las cuotas y aportaciones o de transferencias del gobierno federal”.
Pero, a pesar de este panorama -que confirma el fracaso de la “reforma” Calderón-, Lerdo no renunciaba a seguir publicitando la demagogia de la “universalidad” de Peña Nieto, que culminó en aprobaciones legislativas para establecer derechos “universales” de protección social mínima -o de piso básico, en el lenguaje de OIT- como la micropensión y la farsa de seguro de desempleo NO universales.
Sostuvo que el ISSSTE respalda “las propuestas de reforma del presidente Peña para iniciar una nueva generación de políticas y seguridad social. Un estado social y democrático de Derecho para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para todos. Bienvenido el cambio de paradigma que implica la convicción de que el derecho a la salud no sólo es un derecho laboral, es fundamentalmente un derecho humano”.
Lamentablemente la universalidad-Peña, que suscribe Lerdo, es regresiva: eleva impuestos y reduce prestaciones. Siguiendo el proyecto de reforma sanitaria de la secretaria Mercedes Juan (25.4.14), pretende imponer paquetes básicos sobre el IMSS- ISSSTE.
Coincidiendo con el ministro de la SCJN, José Ramón Cossío, para quién en el derecho a la salud “se debe pensar cómo se debe satisfacer, no en la retórica constitucional, sino en acciones concretas”, Mercedes Juan quiere una reforma que necesariamente modifique el artículo 4 constitucional.
Con esta nueva base constitucional busca introducir en IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR y PEMEX: 1) garantías “explícitas” (o paquetes básicos mínimos) que racionen las intervenciones de salud, ahora sujetas a condiciones “precisas para el acceso” a los servicios. 2) Homologar interinstitucionalmente protocolos de atención y tarifas para aplicar esa paquetería “explícita”. 3) Incrementar gradualmente la lista racionada de intervenciones ya como paquetes básicos “explícitos”. 4) Crear una “Procuraduría” que vigile y haga “exigibles” los paquetes mínimos “explícitos”. Además, asegurada su “independencia” respecto a todas las instituciones, esa “Procuraduría” dispondría de la facultad de “obligar” a cada una de ellas a prestar los servicios o “pagar en el caso de que no los puedan prestar o hacer un direccionamiento del paciente a un proveedor alterno” ¿privado? 5) Finalmente, integrar una Comisión Nacional de Salud Universal con todas las instituciones -más la Secretaría de Hacienda- con el encargo de ejecutar el racionamiento a paquetes básicos mínimos así como determinar costos y tarifas interinstitucionales (portabilidad).
En un ISSSTE cruzado por el derroche, corrupción endémica, desfalcos y malversación de recursos durante los años panistas y extendiendo la hueca tónica de sus antecesores, Lerdo ofrece, por enésima ocasión, iniciar “un proceso de transformación” que ostenta como “primera prioridad mejorar la atención al derechohabiente brindando servicios de calidad, calidez con cobertura y capacidad resolutiva oportuna en todas las áreas” así como “reducir y atender con prontitud las quejas”.
Como denuncia el Decálogo de #Yosoy17: “los trabajadores de la salud y los derechohabientes no somos responsables del desmantelamiento de las instituciones de salud y seguridad social. Es brutal la corrupción que existe en el sistema”.
¡Vaya “universalidad”!
Redacción: El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada, el sábado 5 de julio de 2014
