Pantomima, el ataque a la corrupción en el IMSS

El 2 de julio, día de la celebración panista del primer aniversario de las elecciones en las que Vicente Fox se encumbró en el poder, la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor (Amedec), dio a conocer una cifra aterradora: 120 mil millones de dólares, monto estimado de lo que cuesta la corrupción a México.

Tres días después, Francisco Barrio, desde Chiapas, minimizó la cifra. Entre 30 y 40 mil millones de dólares es el costo, dijo.

Aun así, las acciones concretas en la lucha contra la corrupción no son tangibles. Y es que tan sólo se actúa con amenazas. En efecto, el 5 de julio Vicente Fox dio en Chiapas una de sus múltiples advertencias contra los corruptos: “actúen con honestidad, transparencia y una clara rendición de cuentas, y si no, aténganse a las consecuencias.”

Pero en la lucha contra la corrupción, algunos cambios parecen no tener sentido, y es que por ejemplo, Alejandro Torres Palmer, extitular de la Contraloría Interna del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es hoy subsecretario de Normatividad y Control de la Gestión Pública, de la Secodam.

Por cierto, Torres Palmer dejó en la Contraloría del IMSS un sinnúmero de expedientes sin concluir, entre ellos, el de la venta de equipo médico que realizó la trasnacional Siemens al Centro Médico Nacional “La Raza”, sin licitación.

NUEVA LABOR

Torres Palmer inició su nueva labor dejando atrás la sospechosa compra de equipo médico que realizó el IMSS “La Raza” a la trasnacional Siemens, sin licitación, y por más de 20 millones de dólares. La compra habría sido hecha a través del poderoso empresario Jaime Camíl, convertido en “intermediario y gestor” del gigante alemán desde hace más de 14 años.

Pero no es todo, documentos en poder de Imagen Médica indican que Torres Palmer no sólo dejó pendiente el caso de Siemens, otros también.

Y es que, como ejemplo, el 16 de octubre de 2000 la empresa Juama S.A. de C.V., le solicitó a Torres Palmer su intervención a fin de obtener “una oportunidad de ofrecer nuestra línea de medios de contraste, solicitándole además que la inclusión aprobada por el sector salud se incluya en el IMSS, y de esta forma poder participar en la próxima licitación con la línea de productos iónicos, no iónicos y paramagnéticos, demostrándoles el beneficio que tendría el IMSS y compañías nacionales como la nuestra.”

La petición de Juama, obedeció a la nula respuesta dada a su solicitud anterior al doctor Agustín Díaz López, presidente de la Comisión de Cuadro Básico Institucional (CBI). En el documento se destaca que las empresas Schering, Justesa y Mallinkcrodt se reparten el mercado de los medios de contraste en el IMSS.

Y es que, en efecto, Imagen Médica ha publicado datos sobre la mafia que existe en la compra de Medios de Contraste, a través de dádivas y regalías a los jefes de Radiología y apoyos para financiar eventos y compras de stands, entre otros.

En el documento, Juama sostiene “que nuestra no aceptación a Cuadro Básico es que hay intereses creados para no tener un competidor más en la actualidad, ya que aparte de ofrecer un mejor precio, nuestra calidad está demostrada Nacional e Internacionalmente.”

Pero no es todo, con el documento, Torres Palmer se dio por enterado de que “este hecho tiene como resultado que los medios de contraste que compra el IMSS tengan un sobreprecio del 10 al 15 por ciento sobre el mercado de la iniciativa privada del país”.

Tres meses después, la empresa Juama recibió de Luis Felipe Michel Díaz, titular del área de quejas de la misma Contraloría Interna, el oficio 00641/130.14/5354/2000 con número de expediente P-387/00.

Juama envió a Michel Díaz las solicitudes de inclusión de sus productos que había realizado ante Agustín Díaz López, en ese entonces presidente de la Comisión de Cuadro Básico de insumos para la Salud del IMSS.

Y no sólo eso, Juama también consignó en su escrito lo siguiente:

— Hemos tenido algunas entrevistas personales, pero en base a la queja presentada ante el Lic. Mario Fuentes Alcalá, la cual ellos recibieron una copia diciendo que estaban muy enojados contra la compañía Juama S.A. de C.V., porque enviamos ese documento al director general y en entrevista personal con el Dr. Díaz López me refirió su descontento, diciéndome personalmente que me esperara a los cambios que posiblemente se iban a llevar a cabo para solicitar nuevamente su inclusión, ya que la decisión de su área hasta esa fecha era que los productos que tienen en la actualidad son suficientes, por lo cual volvemos a poner a su consideración lo antes expuesto, insistiendo que nuestros productos estuvieron en el Seguro Social durante muchos años sin tener ningún problema y en la actualidad están aceptados en el Cuadro Básico Interinstitucional del Sector Salud, y no vemos el porque el Seguro Social se niega a incluirlo, ya que nuestros precios son más bajos.

Y Juama, sigue esperando.

SE HACEN BOLAS

Pero no sólo los sucios manejos en los casos de Siemens y Juama pasaron inadvertidos en la gestión de Torres Palmer, también la empresa Radiation Shielding Mexicana sufrió de las consecuencias del tortuguismo y la impunidad.

Radiatón Shielding presentó una queja ante Torres Palmer en septiembre del 2000, el documento en poder de Imagen Médica, explica como Francisco Avelar Garnica atacó a la empresa en complicidad de otros funcionarios de la Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

En la denuncia de hechos se establece que Avelar Garnica funge como servidor público del IMSS con el puesto de jefe de Radiología e Imagen en el Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda G” del Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, además de ostentarse en esa época como secretario general de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen A.C. (FMRI).

Según la denuncia acompañada de 18 anexos, Avelar Garnica habría aprovechado su puesto como funcionario público y en complicidad de Maricela Verdejo Silva, en ese entonces, como hoy, directora de Riesgos Radiológicos de la SSa, para impedir que la empresa de referencia impartiera cursos de Protección Radiológica, y así, sacarlos del mercado e impartirlos ellos en conjunto con la empresa de Carlos Rodríguez Islas, asesor de la FMRI.

Pero no es todo, los documentos acusan que en la organización de diversos eventos, aparecen repetidamente Joao Santos, gerente de Comercialización de la trasnacional Schering, quien mantiene nexos oscuros con Avelar Garnica. También aparece Verdejo Silva como invitada a los eventos.

A diez meses de presentada la denuncia, nada se ha hecho. Y es que según Noe Ramírez Sánchez, el expediente “todavía está en fase de investigación, esperando que los responsables les envíen un informe complementario.”

Imagen Médica solicitó a Torres Palmer entrevista a fin de obtener datos relacionados con los casos anteriores, declinó ser entrevistado.

EL NUEVO

En enero de este año, Torres Palmer dejó el puesto en el IMSS para escalar a uno de mayor jerarquía. Y en efecto, fue nombrado por Vicente Fox como subsecretario de Normatividad y Control de la Gestión Pública.

De acuerdo con el organigrama de la Secodam, Torres Palmer depende directamente de Francisco Barrio Terrazas. De Torres Palmer dependen a su vez la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública (USEGP), la Unidad de Normatividad de Adquisiciónes de Obras Públicas Servicios y Patrimonio Federal (UNAOPSPF), y la Dirección General de Auditoría Gubernamental (DGAG).

Como subsecretario, Torres Palmer ejerce una poderosa influencia y vigilancia en toda la Administración Pública Federal. Y es que a través de la USEGP, debe de “promover el desarrollo de la gestión pública y el logro integral de las metas y objetivos de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, en congruencia con las políticas y estrategias contenidas en el Plan Nacional de desarrollo y en los programas sectoriales, así como el uso eficaz y eficiente de los recursos asignados, por medio de la coordinación, supervisión y seguimiento del Sistema Integral de Control de la Gestión Gubernamental, articulando los elementos, normas e instrumentos que lo conforman.”

No es todo, a través de la UNAOPSPF, queda bajo el cargo de Torres Palmer “apoyar la función de las áreas que integran a la Secodam, así como otras instancias de los Poderes de la Unión, verificando y evaluando hechos constitutivos de presuntas responsabilidades, así como el correcto funcionamiento de las Contralorías Internas en la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, para garantizar la probidad, eficiencia, eficacia y transparencia en el uso y aprovechamiento de los recursos públicos y en los servicios que se proporcionan a la sociedad o, en su defecto, para que se apliquen las sanciones procedentes.”

Por si fuera poco, desde la DGAG, se vigila, ni más ni menos, que “las dependencias y entidades de la Administación Pública Federal y la Procuraduría General de la República cumplan con las normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro y contabilidad; fondos y valores del gobierno federal; impresión, envío, custodia y destrucción de valores; acuñación de moneda; contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública; conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal.”

La DGAG cuenta a su vez, con tres poderosos y temidos brazos ejecutores: La dirección general Adjunta de Auditorías Directas; la de Auditorías Especiales; y la de Auditorías Externas.