Guarderías. Molinar Horcasitas: ¿sólo responsabilidad administrativa?
Gustavo Leal Fernández
El 4 de septiembre de 2009, la Secretaria de la Función Pública de Salvador Vega Casillas absolvió a Juan Molinar Horcasitas de “cualquier responsabilidad” en la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo porque en “el gobierno existe delegación de funciones y cada quién atiende la parte que le corresponde”.
Cinco meses después, en su Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2008, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó lo que ya constituía un dictum popular: que junto con Santiago Levy -quién diseñó el modelo de subrogación del IMSS-, Juan Molinar Horcasitas es responsable, seguido de Daniel Karam quién prosigue subrogando amparado en “nuevos” contratos “vigilados” por Transparencia Mexicana de Federico Reyes Heroles; subrogaciones que son un peligro para los niños y abaten la calidad del servicio prestado.
Según la ASF, Molinar firmó en 2008 “sin tener facultades expresas” 155 contratos de subrogación. Molinar recibió la autorización del Consejo Técnico que, como director del IMSS por entonces presidía. Ambos, director y Consejo “incurrieron en responsabilidad legal”.
Ante ello, la ASF pide al Organo Interno de Control del Instituto que “realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias”. La ASF concluye que las guarderías que el IMSS y el ISSSTE subrogan a particulares “son un peligro para los niños”.
De una muestra de 106 subrogadas, la ASF constató que en nueve “el IMSS no realizó ninguna de la 6 visitas de supervisión”. En el ISSSTE se comprobó que 62 contratos vigentes en 2008 “fueron firmados por delegados sin tener facultades para hacerlo”. En tanto, las “estancias” changarro de Calderón que opera SEDESOL “cubrieron 21.4 por ciento de la población potencial y no consideraron disposiciones legales y normativas relacionadas con aspectos de salud y protección civil”.
El Informe de la ASF califica el tipo de gestión que ha imperado diez años en el IMSS-PAN y que, desde Santiago Levy, describe un deterioro notable en el desempeño de sus órganos superiores. Ese deterioro posibilitó la tragedia.
La principal responsabilidad reposa en la subrogación de la cuota a través de adjudicaciones y licitaciones. Porque los padres de las víctimas la entregaron al Estado mexicano: el IMSS, y fue ese Estado, vía el IMSS, quién la subrogó a privados.
Adjudicaciones directas. Levy propuso en 2003 el modelo y contrato de subrogación, con Antonio Scheleske, Araceli de Fernández -esposa del rector del ITAM-, Dora García Kobeh y Evelyn Rodríguez. El Consejo Técnico lo autorizó y la -entonces- SECODAM lo avaló. No consta que la Comisión de Vigilancia del IMSS, siguiendo el artículo 265 de la Ley del Seguro Social, hiciera alguna observación.
Licitación pública abierta. Molinar Horcasitas, con Sergio Salazar, Carla Rochín y la arquitecta Nora Patricia Bonilla, renovó en 2007 el contrato de la Guardería ABC, conociendo las anomalías que había detectado desde el 26 de julio de 2005 la PGR (La Jornada, 13.6). Su responsabilidad es pues doble: primero renovó y luego siguió licitando.
El “sistema” Molinar de asignación de contratos -que sólo aportó la “licitación” (2008) al diseño de adjudicación directa de Levy- estaba basado en una cuota máxima de referencia por niño -que varía según la región-, a partir de la cual los interesados tenían que ofrecer descuentos al IMSS. Así que, buscando ganar el concurso, abatían aún más la “calidad” del modelo-Levy.
Licitación pública abierta con datos de los interesados. Karam sigue licitando el mismo modelo-contrato-Levy con el “sistema” Molinar Horcasitas “mejorado”: agregando los datos de los interesados y un “nuevo” contrato 2009 -criticado por los prestadores-, que impone fianzas, seguro de responsabilidad civil y costear las revisiones de protección civil. Con ello Karam “deslinda” al IMSS de cualquier responsabilidad civil, laboral o de cualquier índole legal.
Pero la mayor tragedia de la seguridad social mexicana no ameritó que alguno de los tres sectores que forman el Consejo Técnico o la Comisión de Vigilancia, convocaran a Asamblea General. No sólo los funcionarios del IMSS se encuentran bajo el escrutinio público. También sus órganos superiores que pueden convocar a la autoridad suprema institucional: esa Asamblea General. La tragedia exigía una con carácter de extraordinaria. ¿Acaso Hermosillo no es de “importancia y trascendencia para el Instituto”?
¿Y qué ha comunicado el politólogo Molinar? Primero señaló que la “responsabilidad está en el lugar donde inició el incendio”. Luego aseguró que “sí”, había declarado ante la PGR sobre el asunto, lo que desmintió de inmediato el exgobernador de Sonora Bours: “no hay ninguna declaración”. Después negó tener responsabilidad en la asignación y en el incendio: antes “se otorgaban por asignación directa, método incorrecto”. A cambio estableció las licitaciones abiertas ampliando la red en 200 contratos: “mi responsabilidad consistía en continuar el proceso de renovación”. Finalmente reiteró “estar tranquilo porque no tiene responsabilidad alguna” y llamó a “no minimizar” la importancia del sistema de guarderías IMSS (¡¡).
Del Dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resultante de los trabajos de la Comisión Designada para indagar sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en la tragedia, aguardamos justicia al delimitar cuidadosamente responsabilidades en la defensa del principal derecho humano: el derecho a la vida.
Porque acaso, después de 49 muertes, la de Molinar es ¿sólo una responsabilidad administrativa?
Redacción:
El presente artículo del Dr. Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco apareció publicado por primera vez en el periódico La Jornada el sábado 20 de febrero de 2010.
