Privatización o despojo de la Seguridad Social: caso IMSS, un perverso movimiento a la universalidad de los Servicios de Salud en México
“El sistema de gobierno más perfecto es
aquel que produce mayor suma de
felicidad posible, mayor suma de
seguridad social y mayor suma de
estabilidad política”.
–Simón Bolívar.
Donovan Casas Patiño*, Alejandra Rodríguez Torres**
*Profesor de Tiempo Completo de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de México- Centro Universitario Amecameca.
**Médico Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social Sección Estado de México Oriente.
La seguridad social, origen, principios y desvirtuaciones
En una economía centrada en un modelo exclusivamente controlador de la inflación mercantil y déficit público, incapaz de generar empleos, y ademas distribuyendo inadecuadamente los recursos económicos y sociales (Cordera, 2013), existirán pocas expectativas de mejora en las finanzas personales, debido, entre otras cosas más, a la reducción de los salarios reales y a la alta proporción de la población que se encuentra en condiciones de pobreza, marginación y olvido, es por esto que los sistemas de seguridad social deben convertirse en un mecanismo que incida positivamente en el nivel de vida de la población, generando las condiciones necesarias para vivir como: empleo, educación, asistencia social y médica, recreativa, supervisión de alimentos seguros, etc., construyendo a partir de esta los contextos sociales que se deben al colectivo a través del crecimiento económico, político y cultural del momento. El contar en México con un sistema de seguridad social que permita hacer frente a periodos que afecten la salud es enfrentar a la enfermedad con la tranquilidad de no poner en riesgo, o en el peor de los casos, perder el patrimonio, así como la certeza de llegar a la vejez con un ingreso asegurado, es un activo que genera confianza social y política, y que repercute en la productividad de los trabajadores, además de estar estrechamente relacionado con el bienestar de las personas y las familias (Ochoa, 2004).
La seguridad social es el sistema por el cual los individuos de una sociedad aseguran el derecho fundamental a la salud, al trabajo, a la vivienda y a una vejez digna; la mayoría de los países han tratado de legislar estos principios básicos que se observan como fundamentales para el beneficio de sus ciudadanos. Inicialmente la seguridad social surgió como una preocupación respecto a los riegos de trabajo de la población económicamente activa, en segundo término surgieron las ramas de viudez, incapacidad, muerte, enfermedad, maternidad y no todos los países han podido brindar hasta la fecha una legislación sobre desempleo y asignación familiar.
Casi todos los países del mundo han podido legislar expresamente sobre la seguridad social, pero no se ha logrado concretar después del discurso político, algunos países lo han abordado en sus constituciones, otros en sus leyes de trabajo y de salud. La seguridad social no ha podido ofrecer el bienestar completo al que tiene derecho el ser humano, porque tiene limitaciones en su aplicación universal, los aspectos más atendidos han sido la salud y las pensiones, y en la mayoría de los casos restringidos a un sector de la población basado en criterios de derechohabiencia de las instituciones de seguridad social. Así se centra el objeto de estudio de la seguridad social en la rama de salud, por ser la que dispone de legislación, mayor extensión y claridad en muchos países, lo que incluye estructuras hospitalarias, medicina hegemónica, investigación médica, educación de recursos humanos para la salud y sistemas de seguridad social acotadas a esta rama; por lo que su análisis requiere comprenderla desde su origen y su evolución.
Diversos factores han afectado e impedido poner en práctica las disposiciones de una seguridad social universal, por ejemplo: el insuficiente desarrollo económico de los países, la contracción de la población económicamente activa, las políticas neoliberales, el incremento en la expectativa de vida, entre otros. La seguridad social remonta su origen al final del siglo XVIII, generada por una idea moderna del papel que debería jugar el Estado-Nación respecto a la cantidad de personas que trabajaban sin protección social, además de que la esperanza de vida se acortaba, existiendo aumento en riesgos de trabajo, muerte laboral alta, condiciones de vida atroces, aunado a esto, la industrialización y la transformación de la fuerza de trabajo, y como factor condicionante de este cambio social el capitalismo, esto generó tensas relaciones entre trabajadores y patrones. Como menciona Ávila “en este desarrollo se siembra la semilla del espíritu de clase, pero a la par el Estado Policía evoluciona al Estado Interventor (política, económica y social), hecho que permitió a Alemania promover una legislación de seguro social en el año de 1883” (Ávila, 2007).
Dando origen así a un estatuto jurídico que protegiera al trabajador y existiera responsabilidad empresarial originándose el seguro social, como instrumento de previsión social que se encargara a través del aseguramiento por parte del patrón a favor de los empleados, en virtud de la responsabilidad legal de aquellos respecto a posibles y prevenibles necesidades sociales que pudiesen suceder a los trabajadores. Señala Piñeiro al respecto: “…el canciller de hierro Otto Von Bismarck concibió el plan de un seguro unificado y centralizado como una medida más de su actividad política, creó el primer sistema gubernamental de seguridad social, preocupado por los daños relacionados con las enfermedades laborales de los mineros de la cuenca del Ruhr, asi también aprovecho esto por los momentos políticos que se vivían, en el parlamento de la Alemania unificada bajo la hegemonía de Prusia, su propio partido conservador tenía que convivir con el centro católico, con los liberales y con el nuevo partido socialdemócrata. Enfrentado en terrenos distintos con los dos primeros, la lucha contra los socialdemócratas le había llevado a promulgar en 1878 una ley que les prohibía reunirse y disponer de prensa propia. Pero junto a estas medidas externas, pensó que el mejor modo de minar su fuerza política era terminar con la inseguridad del proletariado” (Piñero, 2008).
Esto originó que se redactara una ley el 15 de junio de 1883 sobre seguros de enfermedad, después la ley del 16 de julio de 1884 sobre accidentes de trabajo y por último la ley del 22 de junio de 1889 sobre seguros de invalidez y vejez. Respecto a leyes de enfermedad-maternidad además de Alemania, encontramos que: “Austria promulgó en 1888, Suecia en 1891 prestaciones en efectivo, Dinamarca 1892 y Bélgica 1894 mutualidad” (González, 2007), referente a los accidentes de trabajo los países que adoptaron estas leyes además de Alemania fueron “Austria en 1887, Finlandia 1895, Irlanda y Reino Unido 1897, Dinamarca, Francia e Italia en 1898” (González, 2007).
Lo que ofrece una visión comparativa de Europa respecto a la legislación de la seguridad social, partiendo como innovador Alemania. Piñeiro (2008) dice al respecto: “Por las concesiones a las que se vio obligado en su forcejeo político, Bismarck tuvo que renunciar a su idea original de un seguro unificado y centralizado que incluyera tanto el proletario agrícola como el industrial. El sistema finalmente implantado fue una solución de compromiso. Se respetaba la autonomía de las distintas cajas de seguro o Krankeskassen (cajas de los enfermos), reservándose únicamente el estado la supervisión”.
Estas leyes ofrecían seguros a cargo del Estado que los cubría con impuestos recaudados, y aunado a esto se va consolidando la obligatoriedad de los seguros sociales, los sistemas de ahorro y los seguros voluntarios: “El sistema de las Krankeskassen se ha mantenido en Alemania hasta la actualidad, a través de regímenes políticos tan distintos como la república de Weimar, el gobierno nazi etc. Por otra parte fue adoptado antes de la Primera Guerra Mundial por países como Austria (1888), Hungría (1891), Luxemburgo (1901), Noruega (1909), Suiza (1911) y la Gran Bretaña (1911)” (Piñero, 2008).
Francia extendió la seguridad social a todo el territorio en 1928 a partir de la anexión de Alsacia y Lorena, Rusia estaba saliendo de una estructura feudal-agrícola y creó otros modelos de asistencia colectivizada, “llamados zemstvo (gobierno o consejo civil provincial) porque su administración dependía por completo del gobierno” (Piñero, 2008), referente al sistema de salud, las autoridades contrataban médicos, cuyos honorarios eran pagados con los fondos procedentes de los impuestos, este sistema social fue la base de la organización de la asistencia en la Unión Soviética.
Este seguro social se desarrolló sobre bases capitalistas y socialistas, que procuraron la paz social, reproducción de condiciones saludables para la clase trabajadora, reconocimiento de esta clase trabajadora como parte de la sociedad, aseguramiento de los patrones a favor de los trabajadores, mantenimiento perdurable de la fuerza laboral y constitución de un sistema colectivo de protección regulado y establecido por el Estado.
Con la Segunda Guerra Mundial en 1944 en Filadelfia se dio una conferencia internacional en relación a la seguridad social, la primera recomendación fue establecer un sistema de seguro social obligatorio que cubriera a todos los asalariados y a los trabajadores independientes, así como a personas a su cargo, la segunda recomendación se refiere a la prestación de la asistencia médica a toda la población, esto dio origen a nuevos sistemas de seguridad social. Tras la postguerra se generó un crecimiento económico mundial que desató los beneficios de la seguridad social por parte del Estado, pero solo para trabajadores asalariados y sus familiares nucleares registrados de modo legal, pero los más desprotegidos trabajadores independientes o desempleados siguieron en desamparo social.
El origen del concepto de seguridad social se inscribe dentro de modelo de Estado proveedor, se originó en Inglaterra con Sir William Beveridge: “Las circunstancias creadas por la Segunda Guerra Mundial en el país ofrecieron una ocasión favorable para emprender la reforma radical que reclamaban los médicos sociales y científicos sociales” (Piñero, 2008). Esto motivó a que en 1942 se presentara un análisis e informe llamado Social Insurance and Allied Services (SIAS por sus siglas en inglés), en donde se proponía, entre otras cosas, la creación de un Servicio Nacional de Salud que procurara asistencia preventiva y curativa completa a todo ciudadano sin excepción, sin límite de ingresos y sin barrera económica en cualquier aspecto que significara entorpecerla: “El gobierno publicó el “libro blanco” en respuesta a este informe, donde las medidas de largo alcance proyectadas en todo lo que concierne a la salud de la nación, se suscitan en estos temas, la Medicina Social, la Institución del Servicio Médico Estatal y el futuro de la profesión médica” (Hayward, 1956).
Además, el libro blanco resalta que el seguro social es reflejo de una sociedad humana que concibe a los individuos como parte de un tejido social, este seguro social debe estar basado en la solidaridad, distribución y compensación de los riesgos, buscando un equilibrio. Ejemplo: unos dan más por los que aportan menos, los nuevos afiliados y jóvenes permitirán que se pueda atender a los ancianos, los empleados dan su aporte para atender a los desocupados, los solteros dan su aporte a la maternidad, etc.
La transformación de seguro social a seguridad social está dada por los principios de búsqueda de necesidades básicas de los trabajadores sin perjuicio de los empleadores, el seguro social creado para los trabajadores garantiza bienestar económico, el cual debe de ser consecuente con las modificaciones o transformaciones que va imponiendo el progreso económico y social con el fin de ajustarlo a las realidades de las necesidades del trabajador (único individuo con protección). La seguridad social es planteada como la liberación de la necesidad cimentada en el extraordinario principio de la universalidad, vinculándolo a la protección de la persona física (atención médica, seguro para el retiro, seguro de accidente de trabajo, secuelas de enfermedad de trabajo, etc.), abandonando así el sistema tradicional de protección exclusiva del trabajador para dar paso a una disciplina de protección social generalizadora y no excluyente.
La ONU en su artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del día 10 de diciembre de 1948 establece: “Todos tenemos derecho a un nivel de vida adecuado, que asegure a nosotros y a nuestra familia, la salud, el bienestar y en especial, la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tenemos, así mismo, derecho a seguro en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de nuestros medios de subsistencia por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Tanto la madre que va a tener un hijo, como su hijo, deben recibir cuidado y asistencia. Todos los niños tienen los mismos derechos, esté o no casada la madre” (UN.org).
Estos sistemas de seguridad social, tratan de brindar la seguridad necesaria y requerida por la mayoría de las personas en una sociedad, y su buen funcionamiento debería ser un objetivo esencial para el mismo sistema, y es aquí donde inicia el debate: ¿Qué es la seguridad social?, el sistema de seguridad social actual ha contribuido a una reproducción de la población económicamente activa dentro de una economía capitalista-neoliberal, esto originó la continuidad de la hegemonía del Estado, aparentando una preocupación de las necesidades de su población, en este caso acotado exclusivamente al concepto de salud. Una seguridad social creada con fin político, económico, social y de salud, permite o da pauta de continuidad a la permanencia y reproducción de modelos económicos de hegemonía política. La seguridad social es el elemento de procuración para todo el colectivo donde el Estado debe velar por brindar, educación, oportunidad de trabajo, salud y seguridad de ingresos ante cualquier contingencia, es por esto que el concepto ha sido marginado estatalmente como mandato de salud (desde un modelo biomédico-curativo) hacia el colectivo con un grupo de individuos que se organicen, que estén informados, que sean solidarios, que tengan actitud y que sean participativos, puede constituirse una gran fuerza capaz de defender los intereses, necesidades, expectativas del colectivo y así poder tener el control del Estado para vigilar los excesos y carencias de las instituciones sociales y alcanzar instituciones Estatales participativas e incluyentes.
La seguridad social en México
La seguridad social en México surge en 1929 entre los artículos 123 y su fracción XIX en la que se ratifica la postura social del Estado Mexicano para la necesidad de crear el Seguro Social en tres sectores importantes a) el de la Seguridad Social de los trabajadores en General, b) el de los servidores públicos, c) el de la población no sujeta a una relación de trabajo (Díaz, 2012), si bien en relación al inciso “a” no fue hasta el año de 1943 con el mandato del Presidente Manuel Ávila Camacho que se cristaliza con el nacimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) una institución de gran importancia en la vida social y económica del país, con esto se enunciaba el interés del gobierno por modernizar las relaciones laborales, repartiendo el costo de la seguridad social tanto entre obreros, gobierno y los patrones.
Aunque remontarse a la seguridad social como principio del derecho individual en México, se puede encontrar en el año de 1917 en la Constitución Mexicana, la cual tras años cruentos de revolución, derrumbes de organizaciones gubernamentales, y tras reclamos colectivos de rebeldía con miras a la búsqueda de justicia de los grupos sociales populares, México se perfiló hacia cambios estructurales en su política, economía y legislación, que se vieron reflejados en su constitución de 1917, aunque su fundamento filosófico de la revolución era la repartición armoniosa de la tierra y la igualdad de los derechos: “La propia dinámica social que vivió el país una vez culminada la lucha armada llevó a que las acciones sanitarias adquirieran peso político considerable. Con la revolución se generó, entre las fuerzas sociales y políticas que buscaban cambios sustanciales en la vida política nacional, una clara conciencia de la necesidad de considerar el problema de la salud y de la asistencia social como una cuestión de interés nacional en la que el Estado debería intervenir de una manera creciente. Por lo demás, los ideales de justicia social proclamados en la Revolución encontraron en las medidas de salud adoptadas por el Estado un terreno sumamente viable para cristalizar en la práctica de manera inmediata” (Moreno, 1982).
Las condiciones en la que México vivía esa época desarrollaron el detonador social, en políticas de beneficio público, saneamiento, combate de enfermedades epidémicas, vacunación y control sanitario de puertos y fronteras, mejores condiciones laborales para el trabajador, educación higiénica, se vislumbraba una ruta propia hacia la seguridad social en México. El seguro social es al fin tomado en consideración del capítulo IV en sus fracciones XXV y XXIX del artículo 123 constitucional de 1917, “del trabajo y de la previsión social”, en la cual refiere que: “Se consideran de utilidad social: el establecimiento de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y de otros con fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, deberán fomentar la organización de instituciones de esta índole, para fundir e inculcar la previsión popular”.
El general Álvaro Obregón había venido haciendo propuestas basadas en el artículo 123 constitucional relacionadas con la seguridad social en su calidad de candidato a la presidencia de la República y en 1919 suscribió un convenio con la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), por lo cual se comprometía a establecer un Ministerio de Trabajo para la resolución de los problemas laborales a nivel nacional, le correspondió a Obregón también plantear el primer intento por implantar un sistema de seguro social: “En 1921 Obregón presento al Congreso de la Unión el primer proyecto de ley de Seguro Social, en el que se hacían importantes consideraciones ideológicas respecto del papel del Estado como promotor de la salud de la población obrera, Obregón proponía como sistema de financiamiento una contribución de los empresarios del 10% sobre los pagos por concepto de trabajo, con el cual el capitalista quedaría exento del reparto anual de utilidades a que obligaba la fracción VI del artículo 123. La iniciativa de ley provocó una fuerte oposición patronal que impidió su implantación” (Moreno, 1982).
Es así como el trabajo empieza a ser considerado como condición de que en cualquier momento puede desencadenar un riesgo profesional y no profesional, invalidez, muerte, necesidad familiar, accidente, enfermedad, de ahora en adelante el trabajador será considerado en las decisiones que traten de mejorar sus condiciones laborales. Pero el concepto general de seguro social solo se ve reflejado en salud y riesgo laboral en ese momento, por lo cual la medicina se incrusta al seguro social como pilar inamovible de servicio estatal, dando y generando hasta la fecha una ideología construida sobre la concepción social de esta seguridad social, la medicina se vuelve la enmienda de la seguridad social en México, inalterable, de un solo eje político, multifacética, científica, biologicista, hegemónica, capitalista, recurrente y socialmente aceptada como mejora social de un nuevo mundo: el peso que la cuestión de la salud y de la asistencia pública tenía en la construcción del nuevo estado surgido de la revolución se derivaba, por supuesto no sólo de lineamientos programáticos de los partidos, organizaciones y fuerza sociales que participaron en la contienda. Se trataba de un problema que se alimentaba de la situación que, a dos decenios de iniciada la revolución, seguía prevaleciendo en nuestro país.
En 1934, México como país podía considerarse todavía como uno de los más insalubres y desnutridos del mundo: en él morían al año 25 de cada mil habitantes y 1 de cada 4 recién nacidos no lograba vivir doce meses. Esto, en condiciones en que la población crecía según tasa anual de 2%. Además, la población económicamente activa era muy reducida dada la existencia de una pirámide poblacional muy pronunciada en la que 39% del total era menor de 14 años y 15% mayor de sesenta. “Solo cinco millones y medio, de 18 millones de habitantes, estaban en condiciones de funcionar como fuerza de trabajo” (Moreno, 1982).
Esto gestaba la necesidad de un balance respecto a las políticas sociales, en lo referente a asistencia social y salubridad, le correspondió al cardenismo las modificaciones, declaró que la “Salubridad General era ahora de interés público”, con esto la idea juarista de la “beneficencia pública” fue trastocada, ahora la asistencia pública era una obligación política del Estado hacia la población en general: “la nueva concepción jurídica permitió al cardenismo crear en 1937 la Secretaria de Asistencia. El mismo general Cárdenas planteaba, al finalizar su administración, que se había dado una transformación completa del concepto, la finalidad y los métodos de asistencia social, y la cantidad de los servicios relativos tuvo importantes aumentos. Anteriormente no se consideraba a la asistencia como parte importante de la acción federal, sino que estaba atendida por los gobiernos locales y por las beneficencias privadas como públicas…” (Moreno, 1982).
Podría afirmarse que fue el terreno de la asistencia social en el que el gobierno de Cárdenas definió sus mayores avances políticos sociales. Respecto a política en salud se puede mencionar que en esta época se inicia el servicio social de los pasantes de medicina y de los servicios médico-sanitarios ejidales, que en 1941 se convertirían en los servicios rurales cooperativos.
Fue hasta la promulgación de la Ley Federal del Trabajo en agosto de 1931 con la creación del Departamento del Trabajo cuando se hizo hincapié en la necesidad de un seguro de invalidez-vejez-defunción, y es hasta 1934 cuando se reglamenta la higiene del trabajo y el reglamento de medidas preventivas de accidentes en el trabajo, fue Lázaro Cárdenas quien pugna por implantar el régimen del seguro social inútilmente, ya que en 1940 se crea la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS) abrogando al Departamento del Trabajo: “En 1935, a raíz de la gran cantidad de accidentes de trabajo en las industrias, la Suprema Corte de Justicia responsabilizó a los empresarios de los accidentes y enfermedades que padecieron sus trabajadores en el desempeño de sus labores. En ese mismo año el Departamento del Trabajo envió al Congreso de la Unión un nuevo proyecto de Ley de Seguro Social en el que llevaría a la práctica mediante un organismo descentralizado. Su cobertura no se reducía a los trabajadores industriales, sino que se proponía extensiva a los del campo. El Instituto propuesto tendría personalidad jurídica y sería administrativo mediante la participación tripartita del Estado, los asegurados y los patrones” (Moreno, 1982).
La STPS estipula que durante el primer año de su vigencia se expidiera la Ley del Seguro Social que debe cubrir los riesgos profesionales y sociales más importantes, debiendo aportar el capital necesario para ello la clase patronal y el Estado, y en cuya organización y administración debe intervenir la clase obrera organizada; estos hechos se enlazan en 1941 con la creación del Departamento de Seguros Sociales creado en la STPS, en 1942 es redactada la ley del Seguro Social de México, y su anteproyecto aplaudido en Santiago de Chile, durante la 1ra. Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y ya en diciembre en México es aprobada por la cámara de diputados y senadores inmediatamente, y es el 19 de enero de 1943 que se publica en el diario oficial de la nación la instalación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) instituto descentralizado, con personalidad jurídica propia y con libre disposición de su patrimonio, en julio de 1943 se lleva a cabo la primera afiliación de trabajadores en el Distrito Federal y el 1 de enero de 1944 el IMSS iniciaba formalmente sus actividades.
Con referencia a América Latina, es en Venezuela donde se promueve la primera Ley del seguro social 1940, pero hay datos de que en Uruguay en 1929 y en Chile desde 1924 introdujeron los primeros programas de seguridad social en riesgos ocupacionales y en pensiones, precediendo inclusive a la Ley del seguro social norteamericano de 1931 y aventajándolo hoy en programas como el seguro de enfermedad-maternidad y de asignaciones familiares. Esta seguridad social se hizo sin la existencia de un plan que integrara a toda la población, reduciéndola a acuerdos fragmentarios y rudimentarios que propiciaban una cobertura desigual y privilegiaban a grupos de trabajadores sin articulación y coherencia definidas.
El origen del IMSS y su destino final
En la Segunda Guerra Mundial México vivió una época de expansión económica como menciona Escalante: “el impacto en México fue muy favorable, puesto que la economía recibió un fuerte estimulo por los flujos de capital del exterior y por la posibilidad de emprender nuevos negocios, se vivía una verdadera euforia entre algunos grupos privados, si a causa de la guerra era difícil adquirir productos extranjeros, empresarios y autoridades gubernamentales unieron esfuerzos para fabricarlos en el país, esa estrategia de industrialización, conocida como sustitución de importaciones, fue reforzada más adelante con aranceles o impuestos a la importación que protegían a los productores nacionales de la competencia internacional. El IMSS se sumaba ahora a PEMEX, a Luz y Fuerza del Centro (desaparecida) y a los bancos agrícolas y otras instituciones gubernamentales como Nación Financiera, que mostraban que el gasto publico era indispensable para impulsar la economía” (Escalante, 2008).
El IMSS tiene un mandato legal derivado del artículo 123 constitucional título sexto del trabajo y previsión social, en el cual se establece entre otras medidas, responsabilidad de los patrones en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como también la obligación de observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad laboral, se ideó el IMSS con una composición financiera tripartita; Gobierno Federal, patrones y trabajadores, su primer Director General fue Ignacio García Téllez (1943-1946). En un principio el IMSS solo atendía al trabajador, fue hasta 1949 que se extendió la seguridad social a toda la familia.
Hasta esta fecha es la institución de salud más grande de América Latina: “esta institución se encargó de reproducir la fuerza de trabajo en México, cuya creación formo parte de la política de industrialización de los años 40’s y 50’s, cuando había que mantener, reproducir y calificar la fuerza de trabajo industrial para garantizar el éxito del proyecto de industrialización” (Eibenschutz, 1991, 2007). Actualmente el IMSS atiende a 52.2 millones de personas, brindando cinco ramos de protección social: “Seguro de Enfermedades (atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, rehabilitación física y mental) y Maternidad (incapacidad prenatal y postnatal, ayuda para lactancia), Seguro de riesgos de trabajo, Seguro de invalidez y vida, Seguro de retiro, Cesantía por edad avanzada y vejez y Seguridad e guardería” (IMSS.gob.mx).
El sistema mexicano de salud garantiza a toda la población del país acceso a la salud, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 título primero de garantías individuales, que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, aunque existen ya documentos donde se pretende cambiar esta garantía a que “toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud” (Leal, 2014), desvirtuando por completo el hecho explícito de la salud al colectivo, puesto que protección y derecho son tan amplios como el mismo concepto de salud, con estas dos palabras se incorporan derechos sociales en salud interminables, además de que el Estado tiene una actitud frente a la marginacion social, por lo cual la nueva propuesta acota esta acción estatal hacia solo lo restringido del derecho, por el momento el sistema mexicano de salud está dividido en tres grupos:
a) El sistema público está constituido por instituciones de seguridad social: Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaria de la Defensa (SEDENA), Secretaria de Marina (SEMAR);
b) Instituciones que prestan servicios a población abierta sin seguridad social: Seguro Popular (SSP), IMSS-Oportunidades (IMSS-O), Secretaria de Salud (SS);
c) Instituciones de salud privadas para población con capacidad de pago, gasto bolsillo.
El IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud, cubren al mayor número de la población beneficiada por la seguridad social, cabe destacar que la cobertura de la Secretaría de Salud se orienta prioritariamente al servicio médico (Tabla 1). En este sistema de salud mexicano el IMSS; mantiene una hegemonía en infraestructura, recursos humanos, población adscrita, atención médica, prestaciones sociales y es la más completa en el rubro de seguridad social, en ese sentido se debe entender los golpes estratégicos estatales a esta institución, que la están marginando a un destino irremediable:
*Apenas hace 10 años esta institución fue azotada estratégicamente por políticas neoliberales y no solo al IMSS sino también al ISSSTE, en 1995 una serie de reformas a la Ley del Seguro Social que entraron en vigor en 1997, el Estado disminuyó sus recursos administrativos en la modalidad de pensión para la vejez. Esto se ejecutó a través de una política autoritaria con el manejo de cuentas de pensionados en su modalidad de Sistema de Ahorro para el Retiro, en que éstas fueran otorgadas a la Administradora de Fondos para el Retiro (AFORES), las cuales se pelearon para administrar estos recursos a nombre de los trabajadores, cortando así el flujo de capital de intereses de las cuentas de los pensionados, que con anterioridad la Seguridad Social manejaba para su funcionamiento global, es importante señalar que las pensiones que quedan a cargo del Instituto se rigen por un sistema de reparto, esto es, las aportaciones de los trabajadores en activo se usan de inmediato para pagar las pensiones de los jubilados y pensionados, es por esto que partir de la creación de las AFORES la seguridad social quedo a merced de mercenarios de la salud, que en aras de la búsqueda de más capital buscaran desproteger a los que menos tienen (Casas, 2013).
Tabla 1: Fuente IMSS.
*En ese mismo sentido, cabe mencionar que se modificó la participación de los diferentes agentes -trabajadores, patrones y gobierno federal- en las contribuciones. El total de las contribuciones obrero-patronales sobre la nómina se redujo seis puntos porcentuales y la aportación del gobierno federal aumentó de 1.1 a 9.9 por ciento del salario. Por otro lado, el depósito a la cuenta individual para el Seguro de Retiro y el de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez pasó de 2.0 a 11.5 por ciento de la contribución. El Estado se obligó a participar con el 35% del total de las cuotas a la seguridad social, a diferencia del 5% bajo el sistema de reparto, que señalaba la ley anterior. El IMSS cuenta con más de 13.2 millones de trabajadores afiliados y más de 875,000 empresas que los emplean, los cuales aportan cuotas obrero-patronales que representan el 76.4 por ciento de los ingresos del IMSS, de los cuales más del 70% están asegurados por debajo de tres salarios mínimos (13 dólares americanos) o en su caso asegurados por outsourcing con un salario mínimo (4 dólares americanos) lo que ocasiona aportaciones mínimas en dinero. Ademas las aportaciones del gobierno federal a los ramos de aseguramiento significan el restante 23.6 por ciento, en relación al gasto total en salud, los servicios de personal representan el 70.5 por ciento, los medicamentos y el material de curación el 22 por ciento, y la conservación, mantenimiento e inversión el 7.5 por ciento (IMS.gob.mx), ¡como funcionar cuando te desmantelan!
*Por otro lado, recordemos que los riesgos de trabajo son el subsidio por el cual se creó la seguridad social a nivel mundial. Hoy en día basta con reconocer que las condiciones en las cuales laboran y se trasladan a sus centros de trabajo son pésimas. Esto se complejiza aún más con la burocracia ante la cual los trabajadores accidentados deben reclamar este subsidio. Ello sin contar con que éste se entrega de acuerdo al salario registrado por las empresas subrogadas, las que muchas de las veces designan un salario mínimo (4 dólares americanos al día) como aportación salarial.
*En otro sentido, los trabajadores del Instituto se rigen por el apartado “A” del artículo 123 de la Constitución, lo cual implica que poseen la doble calidad de afiliados y empleados del IMSS. El contrato colectivo está en vigor desde 1966 y otorga a los trabajadores de IMSS beneficios superiores a los proporcionados por Ley a los trabajadores. Las aportaciones de los trabajadores en activo se utilizan para financiar las pensiones de los ya jubilados, esto es, se trata de un sistema de reparto. La estructura actual del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social es inigualable; son 37 secciones que agrupan a 425 mil trabajadores activos y 210 (Leal, 2008), actualmente este grupo de trabajadores están sometidos por Manuel Vallejo Barragán, quien no permite proselitismo político en contra del partido político gobernante del país. ¿Qué hacer cuando la estructura de los derechos ganados por los trabajadores será modificada por el poder? , de acuerdo con la valuación actuarial del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) al 31 de diciembre de 2003, la pensión promedio de un trabajador del Instituto equivalía al 131.7 por ciento del salario líquido base de pensión promedio del personal activo, “los trabajadores del IMSS se jubilan, en promedio, a los 53 años y reciben, en promedio, una jubilación que es 30% superior a su último sueldo; en contraste, los trabajadores afiliados al IMSS se jubilan a los 65 años de edad, con una jubilación que es, en promedio, 50% inferior a su último sueldo” (IMSS.gob.mx/Tabla 2). Por otra parte, el Instituto cubre las aportaciones al Seguro de Retiro, Cesantía y Vejez que de acuerdo con una nueva ley corresponderían a los trabajadores en su calidad de afiliados al IMSS, entre otras modificaciones. La propuesta para solucionar el problema del Seguro de Gastos Médicos y Pensiones es la eliminación de la carga que el RJP representa para el IMSS-Patrón puesto que la mayor parte de los recursos del IMSS se destinan a pensiones (45.9%, respectivamente), en ese sentido los trabajadores en activo del IMSS pasaran al RJP del AFORE, en una decisión autocrática y sin una sola respuesta en contra de la parte sindical.
Tabla 2: Fuente IMSS.
*Respecto al Seguro de Desempleo, desde octubre hasta noviembre de 2012 se reportó que de cada diez mexicanos en edad productiva, seis se dedican al comercio informal (Samaniego, 2012). Aquí radica una gran oportunidad de negocio lucrativo en salud a partir de la Universalidad en Salud puesto que esta ofrece ciertos paquetes en salud, y todo aquello que no pueda abarcar el paquete inicial el individuo tendra que comprar de su bolsa un seguro complementario, generándose asi la oportunidad de un bien mercantil a expensas de la salud. Cabe mencionar que estos trabajadores no asalariados o empleados informales representan una situación urgente que debe atenderse a corto plazo, no sólo para crear fuentes de trabajo esporádicas para los desocupados, sino para crear fuentes de trabajo de calidad, donde el desarrollo del individuo se refleje en la calidad de la colectividad. No es suficiente el crear seguros de desempleo. Se deben tener ideas revolucionarias que marquen el futuro de nuestra sociedad.
*Finalmente, El Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2018 (PIIMSS 2014-2018) se presenta en el marco del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional definido en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento al artículo 17 de la Ley de Planeación y a los artículos tercero y cuarto del Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que norman la elaboración de los programas institucionales de las dependencias pertenecientes a la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013, plantean y dictaminan, que el IMSS avance en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, fortaleciendo y contribuyendo a la universalización del acceso a la salud en aras de un México incluyente (PIIMSS, 2014), la duda aumenta de tamaño y dimensiones, ¿Cómo se pretende atender a todos los mexicanos en un modelo medico asistencial el cual esta sobrepasado?, la solución que se avecina es la subrogación de los servicios médicos a terceros, la era de la llamada privatizacion del servicio médico, el cual en el discurso oficial la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) da un adelanto del proceder: la nueva reforma en salud faculta a la CNPSS para que tome el dinero del estado que corresponda y lo pague al prestador del servicio… (Leal, 2014),en este sentido, las políticas en salud de beneficio privado, brindaran la oportunidad de generar de la salud un bien mercantil arrebatando la seguridad social de las instituciones para dar paso a lo que pueda ofrecer un sistema único en salud. Es aquí donde la venta de copagos en salud, cartillas en salud, carnets en salud, etc., como quieran llamarle Funsalud, Banorte, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Cámara de Comercio Británica, consultora PricewáterhouseCoopers (PwC), Centro de Estudios Espinoza Yglesias y CIDE (Leal, 2014), generara la eminente privatización de los servicios en salud, puesto que el área de negocio en México es la salud.
A manera de conclusión
La nueva era en México está marcada hacia la privatización de los servicios públicos de salud en su innegable juicio político del ser la salud un área de doing bussiness, la subrogación o tercerización de servicios de atención en salud es la plataforma de negocio redituable, cuando un sistema de seguridad social en salud se ha desquebrajado, ademas es la oportunidad de manejar el fondo de pensiones de miles de trabajadores sin supervisión de alguna autoridad y sin rendición de cuentas claras a algún organismo que fiscalice esta actividad, multiples políticos hábiles en la mentira y la falsedad cabe mencionar a la diputada del PRD Purificación Carpinteyro cuando le menciona a un inversionista… nos sacamos la lotería… (Lomnitz, 2014), estos políticos proseguirán un camino más hacia el desmantelamiento en salud del colectivo puesto que el interés privado funge como el director de las premisas en salud, hasta donde llegaran si el colectivo ya no tiene nada…, es momento de buscar alternativas de beneficio en común de la colectividad, y dejar aún lado los beneficios personales de cada bancada política que azota a este país.
Bibliografía
Cordera R, Cortes F, Fuentes L, Rubalcaba R, Tello C, Ibarra D, Lomelí L. Manifiesto por un nuevo modelo democrático de Estado de bienestar. Seminario Universitario de la Cuestión Social, UNAM en: Revista México Social 2013; 2 (18): 03-06.
Ochoa S. RESEÑA. Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, México, 2004. Cámara de Diputados LIX Legislatura. Centro de estudios sociales y de opinión pública, 2004.
Ávila S. La seguridad social y el Instituto Mexicano del Seguro Social. 1ra ed., Editorial Porrúa, México, D.F. 2007: 56-75.
Piñero L. Breve historia de la medicina. 3ra ed., Editorial Alianza, España, Madrid. 2008: 16-62.
González R. La seguridad social en el mundo. 2da ed., Editorial Siglo XXI Editores, México, D.F. 2007: 77-112.
Hayward J. Historia de la Medicina. 1ra ed., Editorial Fondo de Cultura Económica, México, D.F. 1956: 22-71.
Informe sobre la salud en el mundo 2008: La atención primaria de salud, más necesaria que nunca., WHO, Geneva, Octubre 2008.
Díaz J. La seguridad social en México un enfoque histórico. Revista de la E.L. de D. de Puebla 2012: No. 2. Link: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revjurdp/cont/2/art/art2.pdf
Moreno E, Moguel J, Díaz S, Garcia M, Césarman E. Sociologia Histórica de las Instituciones de Salud en México. 1era. Ed. Editorial Bodoni, México, D.F. 1982: 22-31.
Escalante P. Nueva Historia Mínima de México. 1ra ed., Editorial Colegio de México, México, D.F. 2008: 55-67.
Eibenschutz C. Atención Medica, Neoliberalismo y Reforma Sanitaria en México, en Raúl Molina (coord.). La seguridad social retos de hoy, México, D.F. Editorial UAM-Iztapalapa 2007: 78-89
IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) (2014, Enero 13). Estadísticas en Salud (2014, Febrero 15): URL; http://www.imss.gob.mx/dpm/dties/tabla.aspx?Sru=moo-i∂id
Leal G. Salud: el mito de la universalidad. La Jornada Sección Política. Sábado 26 de abril del 2014. Link: http://www.jornada.unam.mx/2014/04/26/politica/015a1pol
Casas D, Rodríguez A. ¿Are health services universal in Mexico?. Medwave 2013;13(5):e5709 doi: 10.5867/medwave.2013.05.5709. Link: http://www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/Perspectivas/Opinion/5709
Leal, G. Deterioro cada vez más profundo en los servicios del IMSS, advierte Gustavo Leal. La Jornada Sección Política. 30 de julio del 2008. Link: http://www.jornada.unam.mx/2008/07/30/index.php?section=sociedad&article=048n1soc
Samaniego N, Murayama C. ¿Qué tan informales somos hablando de informalidad? NEXOS. 2012; 12(419):20-24.
Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2018 (PIIMSS 2014-2018). Diario Oficial de la Nación. Acuerdo ACDO. Sa3.HCT.230414/84.P.DF. Link: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/acuerdos/4246.pdf
Lomnitz C. Reforma de comunicaciones: ¿privatizacion de ganancias y socialización de pérdidas? La Jornada Sección Opinión. Miércoles 2 de julio del 2014. Link: http://www.jornada.unam.mx/2014/07/02/opinion/023a1pol
