Guardería ABC: como dijo Calderón: “caiga quién caiga y sin distingos”
Gustavo Leal Fernández
De la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Designada para indagar sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, aguardamos un dictamen que haga justicia al delimitar cuidadosamente responsabilidades en la defensa del principal derecho humano: el derecho a la vida.
Sobre todo después de la declaración de los ministros entrantes Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar, quienes se comprometieron a impulsar una agenda de protección a los derechos humanos. “La función de un juez constitucional – puntualizó Aguilar- es defender al pueblo frente al abuso del poder”. Y refrendó “su compromiso personal con la justicia en una defensa incansable por la protección de los derechos humanos”. Por su parte, Zaldívar se refirió al “mayor acceso a la justicia de quienes menos tienen” así como sentencias “más claras y breves, entendibles para la comunidad”.
Como apuntara Carlos de la Torre -integrante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-: la tragedia de Hermosillo es una excelente oportunidad para que la Corte “salga del formalismo jurídico y desarrolle una doctrina de derechos humanos en la que el Estado asuma como obligaciones el respeto, protección y garantías a esos derechos”.
Desde que fuera instalada esa Comisión (6.8.09) y después de hacer público su Protocolo de Investigación (31.8.09) así como 3 Informes (septiembre, octubre y noviembre de 2009), el estado de cosas va a peor. Al parecer, sólo Denise Maerker cree que “subrogar guarderías no es en sí misma una mala idea”, porque los hechos en el IMSS expresan otra realidad y ello sin considerar siquiera la “estancias” changarro de Calderón “operadas” por SEDESOL.
En junio de 2009, el secretario de Gobierno municipal de Querétaro aseguró que la estación de servicio número 7711 de PEMEX, que opera justo en frente de la guardería Giocare subrogada por el IMSS, no le representa ningún peligro por lo que descartó reubicarla. Mientras tanto, la Delegación del IMSS en Coahuila cancelaba 15 guarderías subrogadas por no contar con mecanismos de seguridad adecuados y emplazaba a otros 31 “prestadores” -de las 72 con que cuenta la entidad- para que modificaran a la brevedad sus instalaciones. Por su parte, la Secretaría de Salud de Jalisco clausuraba dos guarderías subrogadas por el IMSS, entre ellas la Estancia Discovery Planet.
En julio, la Delegación Estatal del IMSS en Durango, rechazó por “no ser necesario” la recomendación de Protección Civil de Gómez Palacio, Dgo, para que reubicara la guardería subrogada “Peques” establecida al lado de un taller mecánico que acababa de registrar un conato de incendio. Además, “Peques” y la guardería 001 del IMSS se ubican a unos 150 metros de dos gaseras y de una terminal de almacenamiento de PEMEX-Refinación. Cinco de las 22 guarderías que operan en la ciudad recibieron señalamientos varios.
Por encontrarse en una zona de riesgo: el cauce del arroyo Las Víboras, el 19 de agosto, Protección Civil de Ciudad Juárez clausuró una guardería subrogada por el IMSS al sacerdote Antonio Urrutia Rodarte y recomendó reubicarla. Días antes, se había impedido que otras dos guarderías subrogadas por el IMSS atendieran a más de 500 niños “por incumplir con la corrección de fallas detectadas en la supervisión”. Para esas mismas fechas ya habían sido clausuradas 5 de las 35 guarderías del IMSS en Juárez por carecer de expedientes médicos, manuales de operación y presentar deficiencias estructurales.
Después de ser “supervisada” sin hallar “anomalías”, el 27 de agosto ardió la guardería subrogada por el IMSS del Centro Escolar Palmerston (Mérida) sin que, por fortuna, hubiera que lamentar consecuencias.
Para septiembre, el IMSS había rescindido, sin previo aviso, los contratos de subrogación de unas 100 guarderías en el país. Ese fue el caso de la única guardería de Valle de Bravo, Edomex, dos en Palenque, Chiapas y la guardería Mar ubicada en la Delegación Iztapalapa.
El 8 de diciembre un cortocircuito en el aire acondicionado provocó un incendio y el desalojo de 120 infantes en la guardería La Villa de Camorlinga en Matamoros, mientras jueces y magistrados de todo el país iniciaban la revisión de 180 guarderías subrogadas por el IMSS cumpliendo con la indagatoria de la Comisión Designada por la Corte.
El 11 de diciembre, la Delegación Poniente del IMSS en el Estado de México anunció que cerraría 8 de las 47 guarderías subrogadas por “distintas irregularidades”, mientras el IMSS se comprometía a que se efectuaran simulacros de evacuación en todas las subrogadas “incluso en las horas de siesta de los niños”.
El 15 de diciembre, Protección Civil de Guerrero cerró 14 guarderías subrogadas del IMSS. Cuatro días después, el IMSS rescindía los contratos de otras 36 “que no realizaron las adecuaciones”, mientras el 4 de enero de 2010, IMSS-Sonora clausuraba dos guarderías más en Hermosillo.
Sin embargo, para Daniel Karam, titular calderonista del IMSS, el asunto se reduce deslindar al IMSS en sus responsabilidades vía los nuevos contratos 2009 -“vigilados” por Transparencia Mexicana de Federico Reyes Heroles- que seguirán abatiendo la calidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la palabra: “caiga quién caiga y sin distingos”.
Guardería ABC: responsabilidades de Levy, Molinar Horcasitas y Karam
En la Indagatoria que la SCJN asignó a la Comisión designada -agosto 2009- para atender las diversas responsabilidades de la tragedia en la guardería ABC-Hermosillo subrogada por el IMSS, se establece con toda precisión que ella analizará los “alcances y grado de responsabilidad que existían entre las diversas autoridades encargadas de implementar la política pública de guarderías” (Punto Uno).
Lo mismo establece su Protocolo de Investigación -aprobado el 31 de agosto- en el Décimo Objetivo: “estudiar los alcances y grados de responsabilidad entre las diversas autoridades encargadas de implementar la política de guarderías, en razón de tratarse de un beneficio en el ejercicio del derecho a la salud y de los derechohabientes”.
La principal responsabilidad reposa en la subrogación de la cuota en el marco de un deterioro notable en el desempeño de los órganos superiores del IMSS de los últimos 10 años. Esa degradación posibilitó la tragedia.
Porque los padres de las víctimas entregaron esa cuota al Estado mexicano: el IMSS, y fue ese Estado, vía el IMSS, quién la subrogó a privados. De la Comisión esperamos un juicio objetivo sobre el desempeño de los órganos superiores del IMSS.
Adjudicaciones directas. Primero aparece la responsabilidad directa de Santiago Levy quién, como director del IMSS, propuso en 2003 el modelo y contrato de subrogación (junto con Antonio Scheleske, Araceli de Fernández -esposa del rector del ITAM-, Dora García Kobeh y Evelyn Rodríguez), así como la de su Consejo Técnico que lo autorizó y la -entonces- SECODAM que lo avaló. Tampoco consta que la Comisión de Vigilancia del Instituto, siguiendo el artículo 265 de la Ley del Seguro Social, hiciera alguna observación.
Licitación pública abierta. Inmediatamente aparece la responsabilidad, también directa, de Juan Molinar Horcasitas quién -como director del IMSS- (junto con Sergio Salazar, Carla Rochín y la arquitecta Nora Patricia Bonilla) renovó en 2007 el contrato, conociendo las anomalías que había detectado desde el 26 de julio de 2005 la PGR (La Jornada, 13.6). Su responsabilidad es pues doble: primero renovó y luego siguió licitando.
El “sistema” Molinar de asignación de contratos -que sólo aportó la “licitación” (2008) al fracasado diseño original de adjudicación directa de Santiago Levy (2003)- estaba basado en una cuota máxima de referencia por niño -que varía según la región-, a partir de la cual los interesados tenían que ofrecer descuentos al IMSS. De tal suerte que, buscando ganar el concurso, abatían aún más la “calidad” del modelo Levy de subrogación.
Licitación pública abierta con datos de los interesados. Fueron precisas 49 muertes para que, sólo entonces, el IMSS obsequiara apenas ¡una suspensión temporal! Pero Karam pretende seguir licitando el mismo modelo-contrato de subrogación Levy con el “sistema” Molinar Horcasitas “mejorado”: agregando los datos de los interesados con la fundamental ayuda (¿cobrando cuánto?) de Transparencia Mexicana de Federico Reyes Heroles. ¡Más de lo mismo pero mucho peor!
Pero la mayor tragedia de la seguridad social mexicana no ameritó que alguno de los tres sectores que forman el Consejo Técnico o la Comisión de Vigilancia, convocaran a Asamblea General.
No sólo los funcionarios del IMSS se encuentran bajo el escrutinio público. También sus órganos superiores que pueden convocar a la autoridad suprema institucional: esa Asamblea General. La tragedia de Hermosillo exigía una con carácter de extraordinaria.
La Ley señala: “los Órganos Superiores del Instituto, bajo su estricta responsabilidad, podrán convocar a Asamblea General o a sesión extraordinaria únicamente para tratar casos urgentes, de importancia y trascendencia para el Instituto.” ¿Acaso Hermosillo no es de “importancia y trascendencia para el Instituto”?
¿Y qué ha comunicado el politólogo Molinar? En su primera reacción señaló que la “responsabilidad está en el lugar donde inició el incendio”. Luego aseguró que “sí”, había declarado ante la PGR sobre el asunto, lo que desmintió de inmediato el exgobernador de Sonora Eduardo Bours: “no hay ninguna declaración”. Después negó tener responsabilidad en la asignación y en el incendio: antes “se otorgaban por asignación directa, método incorrecto”. A cambio estableció las licitaciones abiertas ampliando la red en 200 contratos: “mi responsabilidad consistía en continuar el proceso de renovación”. Finalmente reiteró “estar tranquilo porque no tiene responsabilidad alguna” y llamó a “no minimizar” la importancia del sistema de guarderías IMSS (¡¡).
Pero, después de que la PGR revelara que lo investiga, curiosamente pocos días antes de la desaparición (nunca cumplida) de la Secretaría de la Función Pública (4 de septiembre) su aún responsable, Salvador Vega Casillas, lo absolvió porque -sostuvo- en “el gobierno existe delegación de funciones y cada quién atiende la parte que le corresponde”.
Mientras tanto, SEDESO sigue abriendo estancias changarro.
Para evitar más tragedias, para salvaguardar a los infantes en guarderías subrogadas por el IMSS y sobre la base de la intervención del Poder Legislativo que aprobó -en agosto- un Punto de Acuerdo que establece -entre otros- que la Auditoría Superior de la Federación determine si los contratos de subrogación se ajustan a la legalidad, debe ordenársele a Calderón que detenga de inmediato las licitaciones de Karam y cancele definitivamente la bomba de tiempo que representan sus estancias changarro al cargo de SEDESO.
Lo que la sociedad espera es una corrección de raíz al modelo de subrogación-contratos Levy -proseguido por Horcasitas- y no una escuálida cosmética de “protección civil” como la que hoy impone Karam.
Redacción: Estos artículos de Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco se publicaron por primera vez en el periódico La Jornada.
