UNA GESTION FUNESTA. SANTIAGO LEVY: 2005
Capitulo 18

Gustavo Leal F.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Atención a la Salud
Area de Investigación en Salud y Sociedad

2005:¿Fue Levy un “gerente” social calificado?

Para los labriegos, un IMSS mini-mínimo1

Fox facilitó que el tecnócrata Santiago Levy -apoyándose en el invariablemente interesado Genaro Borrego- deprima la oferta de guarderías; comprometa la calidad de la atención médica vía las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAES) -con la vergonzosa complicidad de la Dirección de Prestaciones Médicas- y siga dando rienda suelta a sus obsesiones contra el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los “privilegiados” trabajadores del IMSS -con la ayuda de Rodríguez Alcaine, los senadores panistas y más de un priísta.
Los costos sociales que Zedillo y el PRI desataron con su reforma de la Ley del IMSS de 1995, azotan a los trabajadores del campo y la ciudad y hunden a esta noble institución.
Ahora, Levy, primer director exclusivamente “financiero” del IMSS, propinó un brutal golpe al 16 por ciento de los 4 millones 700 mil trabajadores del medio rural que sólo cuentan con su mano de obra para obtener un ingreso y que amparaba el Instituto: los ha dejado a su suerte y casi sin protección social.
Todo empezó cuando, en octubre pasado, presentó ante la CONAGO una “plan de seguridad” que, sustituyendo el subsidio que les otorgaba el Instituto desde junio de 1998, proponía eliminarles prestaciones: guarderías y apoyos monetarios para embarazadas, así como subrogar a los patrones los servicios médicos, además de descontarles un 30 por ciento del salario para financiar su afiliación. “Generoso segurito” ¿no?
¿Cuál fue el “argumento”? Valiéndose de su mensaje apocalíptico, Levy adujo que el IMSS no es solvente para mantener un subsidio que venció en junio de 2004. ¿Y porqué venció entonces? Por la fracasada reforma zedillista de 1995 que reconoce a los trabajadores del campo como sujetos de pleno derecho al régimen obligatorio -al estar sujetos a una relación laboral- aunque la tecnocracia zedillista haya demorado tres años para hacerla efectiva, vía un Decreto Presidencial -con vigencia de seis años- y los dejara, finalmente, en el limbo más de seis meses. 
¿En que consistía ese “plan”? Como sostuvo cínicamente Levy: “acotando” la cobertura, él contemplaba cubrir retiro, invalidez y riesgos de trabajo a aquellos jornaleros con ocupación de al menos 27 semanas al año con un mismo patrón y reconociendo el pago de cuotas a partir de la estacionalidad agrícola.
La respuesta de los gobernadores fue el silencio. Lógico. Según el INEGI la participación del empleo agropecuario en la ocupación total está en su nivel histórico más bajo: entre el 2000 y el 2004 cayó de 18 a 16.5 por ciento.
Pero con la “concertación” entre el Consejo Nacional Agropecuario y algunos curiosos “expertos” de la CNC, los diputados aprobaron el 9 de diciembre las adiciones a la Ley del Seguro Social para “ampliar la cobertura para los trabajadores del campo y sus familias”. Y no faltó el siempre oportuno “comentario” del presidente de la Comisión de Seguridad Social, el perredista Alonso Raya, quién –espléndidamente “informado”- estimó que “no se busca desconocer la obligación pública de proporcionar servicios médicos que tiene encomendada el IMSS”. ¿No?
Turnado a la Cámara Alta, la minuta del “segurito” de Levy fue ríspidamente debatida y muy pronto puso en su justo lugar el “comentario” del perredista Raya. Una mayoría de senadores priístas estableció que las “bondades” del plan sólo servirían para avanzar en la protección de los intereses particulares a costa de los jornaleros. Hay, señalaron “una enorme evasión en la responsabilidad de los empresarios agrícolas”. Y preguntaron: “¿qué es lo que hace suponer que mediante estas reformas se cumplirá el que debiera ser nuestro objetivo: brindar servicios médicos y de guardería suficientes con calidad?”. 
Y como resultaba imposible defender lo indefendible, 50 senadores priístas y perredistas (por supuesto, sin Demetrio Sodi), suspendieron la aprobación de la iniciativa de Levy, para “revisar con más cuidado sus alcances que en poco ayudará a resolver la problemática del IMSS”.
Finalmente, pasando por encima de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo, el 12 de abril, el Senado aprobó una “reforma” que -según el invariablemente interesado Genaro Borrego, quién pidió se la votara apoyado por el perredista Moreno Brizuela- “no resuelve los problemas de los jornaleros”. ¡Una más!
Otro priísta, Jorge Abel Sánchez, todavía se atrevió a observar “¿los productores podrán construir clínicas y guarderías en el campo? Al IMSS sólo están afiliados 7 mil patrones y la Secretaría de Agricultura tiene contabilizados a 81 mil. El objetivo real es que aporten cuota sin que éste les proporcione el servicio médico a sus trabajadores”.
Y desde la misma bancada priísta, otra voz remató: “desde hace cuatro años el Congreso ha efectuado reformas de la Ley del Seguro Social, y en cada una, se ha dicho que el cambio es indispensable para salvar al IMSS, pero con ese falaz argumento lo que han hecho es avanzar hacia su destrucción”.
El electorado del 2006 sabrá cobrarle la factura a Fox y, al peor “responsable” de la seguridad social del México contemporáneo.

UMAES: racionando la atención médica2

Además de casi expulsar a los jornaleros de la cobertura del IMSS, apremiar las guarderías e intentar hundir las prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo, Santiago Levy –con la complicidad del director de Prestaciones Médicas, Onofre Muñoz- pagó 20 MDD al Consorcio Hospitalario de Cataluña para que las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAES) sigan racionando la atención médica.
En su Informe 2004, Levy refirió que -establecidas en el Reglamento de Organización Interna del IMSS- las UMAES se encontraban  en “fase de implantación, contándose con 20 autorizadas por el Consejo Técnico” y que ellas se “conceptualizan como unidades que resuelven con efectividad problemas de salud de alta complejidad diagnóstico-terapéutica, forman personal con alto nivel académico y promueven investigación en un marco de autonomía operativa”. 
¿”Autonomía operativa”? En realidad, las recomendaciones del Consorcio catalán –asumidas directamente por Levy y Beatriz Zurita, coordinadora de Planeación y Desarrollo (Reorganización de los Servicios de Atención a la salud. Política de Desconcentración en el IMSS) para esa “autonomía operativa”, se reducen a entregar el mismo presupuesto histórico del Hospital (ahora UMAE) a un director y su equipo –pagados varias veces por encima de los salarios actuales- para que a través de la “nueva” figura del médico “gestor”, los que son de base “adquieran el compromiso y la responsabilidad para el buen uso de los recursos” de la UMAE. ¿Cómo?: vía la“disminución en la variabilidad de la práctica clínica” o, lo que es lo mismo “gestionando” o racionando la atención médica (Fundamentos de Gestión Clínica, IMSS, Dirección de Prestaciones Médicas, núm. 1, abril 2004, p.17).
Así, Levy no enfrentó nunca -en todo el sexenio- los determinantes que pesan sobre el estado de la atención médica institucional que le legara su exjefe Ernesto Zedillo -en mucho, gracias a la “reforma” de 1995 que le amputó el sistema de pensiones-, y dándole la vuelta al mismo presupuesto histórico -con el pobre “argumento” de la “autonomía operativa”, ahora descarga sobre los médicos y enfermeras una nueva obligación “gerencial” para que atiendan -sin infraestructura- una demanda acrecentada, con los mismos salarios y acusándolos, de paso, de ser los trabajadores “privilegiados” que tanto le irritan al “historiador” Enrique Krauze. ¡Un director “financiero” muy eficaz!
La prueba del fracaso de esta singular revolución “gerencial” se palpa en la operación cotidiana de las UMAES. Por ejemplo, en el Hospital de Especialidades (UMAE) Bernardo Sepúlveda del Centro Médico Nacional “Siglo XXI” se suspenden cirugías porque no hay guantes, medicamentos en los quirófanos, soluciones y casi todo el material quirúrgico. Además, los monitores de signos vitales operan a “medias” o están descompuestos. Las sillas de ruedas son hechizas. Tras seis meses de desabasto y corrupción -gracias al modelo UMAE- los equipos de atención han roto el silencio y explican sus penosas condiciones de trabajo a los derechohabientes, así como la “brillante” estrategia “gerencial” de Levy. Lo hacen con cuidado porque, saltando por sobre la bilateralidad que establece el Contracto Colectivo de Trabajo, el director de la UMAE tiene facultades para despedirlos. Sin embargo, los pacientes privados –introducidos clandestinamente- son bienvenidos: para ellos sobran los recursos que les niegan a los derechohabientes. Sonó la hora de las mafias: los pagos de los privados no ingresan a la UMAE y, ahora, los servicios “se venden” (Imagen Médica /9/3/05).
Mientras tanto, Levy, aún cobrando 213 pesos mensuales –por encima del salario del Presidente de la República-, ha sido incapaz de ubicar 3 mil 179 equipos e instrumental médico nuevo que permanece (seis años en promedio) en las bodegas del IMSS. Según la Auditoria Superior de la Federación (ASF), hay “deficiencias en 86 por ciento de los hospitales, lo cual afecta la calidad de los servicios”. La ASF ha documentado también que bajo Levy, el Instituto “opera con sólo una tercera parte de los quirófanos y consultorios de especialidades que requiere para brindar un servicio de calidad, sirviéndose de alrededor de 65 por ciento de las enfermeras que necesita”.
Levy tampoco ha hecho nada por los 377 inmuebles (282 unidades médicas) expuestos a riesgos –según un diagnóstico de la Dirección de Planeación del IMSS- ni por los 11 hospitales inconclusos (algunos suspendidos desde ¡1982!) y 51 que operan con “mala calidad”, pero sí amenaza con condicionar las urgentísimas contrataciones de médicos y enfermeras, hasta que los trabajadores “renegocien” su Régimen de Jubilaciones y Pensiones (obsesión que lo desvela inútilmente desde que empezó el sexenio).
No obstante lo cual –nuevamente según la ASF- bajo su “dirección”, el IMSS autorizó en 2003 donativos por 146 MP a tres instituciones que no se encontraban legalmente constituidas cuando se autorizaron los pagos: Fundación IMSS, Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Asociación de Promotoras Sociales Voluntarias, a más de que el IMSS se niega a proporcionar la información de cuatro fideicomisos a su cargo.
¿Por dónde empezará el nuevo gobierno a poner orden? ¿Por las nefandas UMAES? o ¿llamando por a rendir cuentas al primer director “financiero” capaz de rentar un lujoso jet Falcon 50 para sus viajes, desembolsando -con cargo al IMSS- entre 5 y 6 mil dólares por hora?

El “diagnóstico” Levy-Fox3

Pasando por sobre toda la evidencia disponible, el Consejo Técnico del IMSS insiste en que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones “es el problema más grave que confronta la institución”.  ¿Lo es?
Con la “reformas” 2001 a la Ley del Instituto que, aunadas al error esférico de la “reforma” 1995 de Zedillo, hoy presionan sobre sus finanzas al obligarlo -tardíamente- a constituir reservas, Santiago Levy conformó también un Consejo Técnico (CT) a su medida. 
La “reforma” del CT dilató la representación del Ejecutivo: “el Secretario de Hacienda, Salud, Trabajo y el Director General, serán Consejeros de Estado”, aunque penosamente una de sus primeras decisiones aprobara el salario que Levy se autoasignó: 213 mil pesos mensuales.
El CT es, ahora, un órgano de representación tripartita compuesto por 12 consejeros, con cargos de hasta 6 años (reelegibles), retribuciones (sólo patrones y trabajadores) de 26 mil pesos mensuales que deben “abstenerse de promover o participar en la atención de solicitudes”.
Tres años y medio después, es claro que la competencia de ese órgano novato, es tan cuestionable como la habilidad “política” de Levy, primer director estrictamente “financiero” en la larga historia del IMSS. 
Porque sucede que en la sesión de ese CT del 23 de enero de 2002, Levy sostuvo que:
1. Los ingresos que se aprobaron en Ley de Ingresos para el Instituto son 164 mil MP y el Presupuesto de Egresos estableció una meta de acumulación de reservas por 10 mil 364 MP.
2. El Instituto está obligado, en el ejercicio 2002, a canalizar 10 mil 364 MP a las reservas actuariales de los ramos de aseguramiento. Con esos ingresos y acumulando esas reservas, el gasto que resta al IMSS monta 153 mil millones.
3. “La primera observación que haría”, subrayó Levy, es que “el presupuesto de gasto es 1 por ciento inferior en el 2002 respecto al 2001”. Para la atención a los derechohabientes, el rubro de Materiales, Suministros, Servicios Generales e Inversión Física, va “a caer 4.2 por ciento en términos reales respecto a lo que ya habíamos recortado. Este recorte de 4.2 por ciento es respecto a lo que ya habíamos recortado en 2001; de compararlo respecto a lo que fue el presupuesto inicial de 2001, el recorte sería aún mayor”.
4. Y puntualizó: “vamos a tener un recorte en servicios generales de 22 por ciento real; en conservación de 9 por ciento real, con lo cual desafortunadamente el deterioro de las instalaciones va a continuar. Insisto, esto es sobre lo que ya habíamos recortado en el 2001 y un recorte en el presupuesto de inversión física de 23 por ciento real sobre lo que ya habíamos recortado en el 2001”.
5. Dado que la meta era acumular reservas por 10 mil 364 MP, Levy confesó: “con toda franqueza, no son buenas noticias, porque todos estos recortes son encima de los recortes que se habían hecho ya en el 2001. Esto implica que estaremos operando con márgenes extremadamente estrechos y, de hecho, con problemas graves de operación, al mismo tiempo que estamos acumulando esos 10 mil MP. Cuando nos suban otros rubros y metamos los 10 mil 364 MP a las reservas, podemos gastar más. Porque ahora la Ley responsabiliza a todo el Consejo Técnico de que se cumpla con la meta de acumulación de reservas”.
A nadie puede sorprender que, tres años y medio después de esta decisión “genial” y en el marco de la otra gran “revolución” -también fracasada- de Levy mejor conocida como Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), el pasado 10 de junio, el Dr. Felipe Robledo Ogazón, Jefe de la División de Cirugía I del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional, girara un Memorando Interno (dirigido a los Jefes de Servicio de Gastrocirugía, Angiología, Neurocirugía, Anestesiología, Quirófanos, Urología y Oftalmología) comunicando que : “debido a que el abasto de insumos y algunos medicamentos se ha visto retrazado por causa de adjudicación y licitación que se regularizarán en un lapso de alrededor de 4 a 6 semanas, se solicita de ustedes el disminuir las cirugías electivas e ingresos hospitalarios con el fin de no tener problemas en la atención a los derechohabientes”.
Y sin embargo, Enrique Krauze estima que el IMSS “debe dejar de ser patrimonio privado de sus trabajadores. México no puede darse el lujo de mantener injertos de economía soviética, nomenclaturas que viven en socialismo, mientras que el resto del país las financia”.
También Sergio Sarmiento tiene claro que resulta: “irritante que un sistema de pensiones se convirtió en un esquema para otorgar a cierto grupo de trabajadores unas vacaciones prolongadas de 30 años después de trabajar 28 años. Los manifestantes del SNTSS están defendiendo una causa profundamente reaccionaria. Buscan mantener privilegios especiales a costa de deteriorar los servicios sociales de millones de trabajadores. Ciertamente, el IMSS necesita salvación. Un grupo de líderes y trabajadores insiste en hundirlo”.
Y hasta Fox se atreve a llamar al SNTSS a “dialogar”, porque “no es posible que sigamos sin llegar a un acuerdo sobre el tema de las pensiones”.
No hay de otra: el Presidente del 2006 tendrá que abrir los libros contables del IMSS y fincar responsabilidades.

17.4.- ¿Fue Levy un “gerente” social calificado?

En el cuarto apocalíptico Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2004-2005 remitido por el Levy el pasado 30 de junio, el despacho Alexander Forbes Consultores Actuariales hace constar que los “cálculos son responsabilidad de la Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales del IMSS y nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos tomando como base la auditoria realizada”. ¿Qué tan “confiable” pudo haber sido la información “institucional” generada por Levy?
Los resultados de un trabajo reciente elaborado por expertos en el IMSS, descubren su obsesiva preferencia por adecuar esa información a sus intereses personales y los del foxismo -que no institucionales- en, al menos, las siguientes nueve materias.
1) En el contexto nacional ¿el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) del IMSS es el más oneroso? ¡No! Antes están el del ISSSTE, el del IMSS como asegurador y los Sistemas Pensionarios Estatales.
2) Por el RJP ¿el IMSS presentará deterioro en sus finanzas antes que cualquier otro fondo? ¡No! El del ISSSTE es entre 3 y 7 veces mayor y se precipitará más rápidamente.
3) ¿El monto de las pensiones del IMSS es el más inequitativo comparado con el resto nacional? ¡No! En 2002, sólo la CFE contaba con 20 mil pensionados, un gasto total de 3 mil 600 MP y pensiones promedio mensuales de 18.300 pesos.
4) En el período 2000-2004 el IMSS ha contado con mayores recursos por derechohabiente. ¿Mejoró Levy su atención? ¡No! Los asegurados disminuyeron y el presupuesto de medicamentos y materiales de curación, ya suma 26 mil MP en 2005: 600 pesos por derechohabiente Y, sin embargo, la eficiencia en el surtimiento sigue dejando todo que desear.
5) ¿Es Levy un recaudador eficiente? ¡No! En lo que va de 2005, se han dejado de recaudar 1, 500 MP respecto a la meta establecida.
6) ¿Es Levy un administrador eficiente? ¡No! Mientras las organizaciones modernas tienden a bajar los niveles de inventario para mejorar su rotación, Levy amplió el stock y modificó los contratos con los proveedores a 3, 6 y 12 meses. ¿Resultado? Incertidumbre, serias dificultades en la planeación y mayores precios de compra. Para agosto de 2005, por el Sistema de Planeación de Recursos Institucionales (PREI), el IMSS tiene con 812 proveedores (de medicamentos y materiales de curación) un adeudo de 140 MP.
7) ¿Es Levy un inversor eficiente? ¡No! La actual Dirección no dispone de una política de inversión coherente para equipamiento e infraestructura médica. Los recursos (12 mil MP) no se ejercen en su totalidad. En 2003 sólo se ejerció el 64 por ciento de lo presupuestado.
8) ¿Emplea Levy un discurso doble? ¡Por supuesto y con toda frecuencia! En sus Informes sostiene que la infraestructura y el equipamiento puede ser catalogada como “buena” y afirma que sólo el 1.8 por ciento presentan “malas” condiciones, en el primer nivel. Sin embargo, en la información proporcionada a medios de comunicación, Levy divulga que existe “grave deterioro” debido a la falta de recursos por lo que pesa el RJP.
9)¿Es Levy un director “austero”? ¡No!  El incremento del costo de la nómina de mando para la “elite Levy”, se multiplicó por 3: de 480 MP a mil 467, en el período 2002-2005. Mientras, el incremento salarial 2001-2005 subió así: Director General 36 por ciento; Directores Normativos 37; Coordinadores 62 y Delegados 132 por ciento. El personal contratado por Honorarios de Servicios Profesionales creció en 300 por ciento y su gasto se multiplicó por 4: de 2 a 8 millones.Todos estos recursos de la “elite”, se roban al presupuesto de operación.
Por algo, la consultora Mercer Human Resource reporta que dentro del poder de compra de los directivos de alta gerencia de 53 países, el de los mexicanos se ubica en el lugar 11, sólo precedido por el de sus pares chilenos.
Sin embargo, el análisis de Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial 2005 del CESSP, ubica al IMSS en el deshonroso cuarto lugar nacional de “deshonestidad”, sólo precedido por la PFP, PEMEX y las Aduanas a cargo del secretario Francisco Gil Díaz. El estudio documenta que las empresas mexicanas gastan cerca de 120 mil MP anuales en sobornos. Y, de acuerdo al IFAI, el IMSS-Levy ocupa el cuarto lugar entre las 20 dependencias que niegan más pedidos de información: 146 entre 2003 y agosto de 2005.
Como también afirma el auditor independiente Salles, Sáinz-Grant Thornton,S.C, respecto al Informe 2004-2005 de Levy: los “estados financieros son responsabilidad de la Administración del Instituto. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorias”.
De la misma manera, Cristopher Daykin, jefe de la Oficina Actuarial del Reino Unido manifiesta que: las “alternativas de política podrían incluir la reorganización del gasto y el rebalanceo de las contribuciones entre los ramos”.
Corresponderá al próximo gobierno levantar la auditoria integral a esos estados financieros del IMSS-Levy. Sólo así se pondrá cada cosa en su lugar para, entonces, establecer las responsabilidades del caso.

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1 La Jornada, 30 de abril, 2005

2 La Jornada, 4 de junio, 2005

3 La Jornada, 30 de julio, 2005

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