Di Constanzo: el auditor superior juega a la fiscalización
Los resultados de la ASF, como los llamados a misa

Karina Ortiz García
8 de abril de 2003

Para Mario Di Costanzo Armenta, economista asesor del PRD en la Cámara de Diputados, los resultados que el auditor superior de la Federación presentó el 31 de marzo pasado sobre el primer año de administración foxista “son muy graves”, porque independientemente de que los entes auditados tengan 45 días para “contestar y ajustar” las observaciones, indican que existe “gran discrecionalidad” en el ejercicio del gasto público.
Asegura que los resultados arrojados por la ASF son como los “llamados a misa”, a los que “el que quiere va, y el que no pues no”. Y es que, explica, no es posible que cuenta pública tras cuenta pública estemos encontrando cantidades extraordinarias de recursos mal aplicados y que finalmente no haya culpables.
Recuerda:
— Hace seis meses, en septiembre, cuando el auditor entregó el Informe sobre la Revisión a la Cuenta Pública del 2000, se hicieron observaciones también muy importantes, en lo particular, al proceso de rescate bancario. En aquella ocasión se hablaba de cerca de 40 mil millones de pesos en operaciones irregulares y ahorita nos resulta que de ese tema vuelve a encontrar 45 mil millones de pesos en operaciones irregulares.
Pero lo grave es que ni siquiera nos ha dicho que se ha hecho con las anteriores, y las seguimos pagando los mexicanos y sigue sin haber culpables.
Yo creo que está bien que se detecten estas irregulares en el gasto, pero también se tiene que actuar y lo que no estamos viendo es que se actúe, nos estamos quedando como en su tiempo se quedó Francisco Barrio: denunciando operaciones, pero sin aplicar ninguna sanción. Y eso para mí es lo más grave.
Según Di Costanzo, otra cosa preocupante del Informe del auditor, es el tamaño de la deuda contingente que, explica, se compone de “aquellos pasivos que no están reconocidos oficialmente como deuda pública pero que de alguna manera demandan recursos para cubrir su deuda” y señala como ejemplos, entre otros, al rescate bancario, al rescate carretero y a la expropiación de los ingenios azucareros.
El pago de la deuda contingente, sostiene Di Costanzo, impide que el gobierno destine recursos a las áreas más necesitadas del país, porque abunda, si sumamos el saldo de la deuda pública reconocida -la deuda interna- más la deuda externa, más este tipo de pasivos, nos vamos a que el saldo total de deuda, lo que debe el gobierno mexicano representa casi el 54 por cierto del Producto Interno Bruto, es decir, más de la mitad de lo que producimos en un año.
Esto quiere decir, sintetiza, que por cada peso que produce el país, 54 centavos ya están comprometidos para el pago de la deuda. Entonces, obviamente la inversión, el presupuesto que se tiene que destinar para los diferentes sectores en la economía, como es la salud, pues obviamente se ve reducido de una manera muy importante, porque del peso que se le destina a la salud solamente 46 centavos están libres, y ya ni siquiera para aplicarse en programas específicos, sino para sufragar todo el gasto en salud, desde servicios personales, investigación y hasta inversión tecnológica.

DISCRECIONALIDAD

En entrevista exclusiva con Imagen Médica Di Costanzo asegura que una de las aseveraciones más graves del auditor superior es decir que se está reconociendo de manera oficial, “que la deuda pública del gobierno mexicano es casi el doble de la que el señala”.
— De seguir así, ¿qué problemas podrían haber al termino del gobierno de Fox? Se le pregunta.
— No nos vayamos tan lejos.
— Bueno, a un año…
— Exactamente. Yo creo que lo estamos viendo y ya lo estamos viviendo año con año, el gobierno tiene que destinar cada vez más recursos al pago de esta deuda en detrimento de los sectores o de la inversión de tipo social, inversión en educación, inversión en la salud.
Ya lo vemos con el deterioro del mobiliario, de la infraestructura médica del IMSS y del ISSSTE, tenemos rezagos en infraestructura muy importantes. Además se suman las irregularidades encontradas por ejemplo en materia de obra pública del IMSS en las que se detectaron liquidaciones de obras indebidas por 57 millones de pesos o pagos indebidos por 17.3 millones de pesos, o sea, son recursos mal aplicados en el sector salud.
Todo esto nos lleva a que nos estemos enfrentando a problemas y a enfermedades que supuestamente ya estaban erradicadas, a problemas de salud de países de tercer mundo en un país de primer mundo, como dice el presidente Fox que somos.
Pero todo esto igual afecta al sector salud, que al sector energético, al sector de comunicaciones o al sector laboral. Pero además, lo que refleja la ASF en el desempeño de la mayor parte de los programas sociales -Liconsa, Progresa, DIF, etc.- es que no están cumpliendo con las metas establecidas.
Y no están cumpliendo con las metas establecidas porque lo primero que estamos viendo en la revisión de esta cuenta pública -además de los pesos y los centavos mal aplicados- es que hay un mal ejercicio en cuanto a la calidad del gasto. Si tenemos pocos recursos y los aplicamos de manera ineficiente, pues peor es el resultado y aquí lo estamos viendo: el surgimiento de enfermedades que supuestamente estaban erradicadas, el deterioro de nuestros caminos y carreteras, el deterioro de la capacidad productiva en el país.
El otro punto es que nos está revelando que administrativamente los funcionarios del Ejecutivo federal no saben como gastar, no conocen las normas de gasto o simplemente las ignoran, porque saben que no va a haber castigo alguno.
Yo no recuerdo ninguna cuenta pública que haya reflejado una cantidad tan grande en irregularidades -334 mil millones de pesos- que es más del 30 por ciento de lo que gasta el sector público en un año.
Estamos viendo que hay irregularidades en todas las dependencias, lo cual no es normal algo está fallando de manera muy grave en el ejercicio de gasto público en México. Por un lado, existe mucha discrecionalidad por parte del Ejecutivo, y por el otro, seguimos careciendo de mecanismos de sanción efectivos.
Si la ASF ya hubiese levantado cargos y tuviera demandados o inhabilitado a muchos funcionarios públicos de alto nivel -que son los que toman las decisiones-, yo puedo asegurar que estos resultados no los veríamos. Pero como que se está dando un proceso en el que te acuso y no pasa nada.
— Y aparte les dan la oportunidad de demostrar lo contrario, 45 días.
— Y es importante. Me dan 45 días después de que ya hubo un proceso de intercambio de información, estos 45 días son muy adicionales a la auditoria.
Si nos fijamos en el Informe de la Cuenta Pública, hay observaciones que no se han solventado desde 1998 o 1999, entonces, la pregunta es ¿qué sucede ahí?, ¿por qué está fallando el mecanismo correctivo?
Yo creo que el mecanismo de detección preventivo se está dando, pero lo que está fallando definitivamente es el mecanismo correctivo. Yo les comentaba aquí a los compañeros lo que ha sucedido por ejemplo con las observaciones en materia del IPAB, en materia del sector salud del ejercicio presupuestario de 2000, que yo sepa no hay multas a funcionarios públicos, ni funcionarios públicos consignados. Lejos de eso, ves como en el caso de un señor Eduardo Fernández que acusó a los “Amigos de Fox”, pues ahorita sale libre y además se desiste de lo que ya dijo; es decir, como que estamos jugando a la fiscalización.

EL CONTROL

— ¿Por qué no hay acusaciones formales?, ¿por qué no hay sanciones?
— Yo creo que no está habiendo sanciones porque no están suficientemente claros los mecanismos a pesar de que tenemos una Ley de Fiscalización, yo creo que sigue habiendo un especie de control político a los órganos fiscalizadores que son los que no llevan a cabo las acciones correspondientes.
Creo que los compañeros conocen más o menos la Ley de Fiscalización y saben que ya es una facultad del auditor superior entablar una querella contra el funcionario público que no cumpla con las disposiciones, pero ¿por qué razón no se está haciendo?
Yo diría que ahorita, porque se tienen que dejar pasar 45 días, pero ¿las de septiembre? Yo no veo ningún informe del auditor que diga: miren, quiero decirles que de lo que encontré en septiembre ya llevo este grado de avance, no me lo cumplieron, sí me lo cumplieron, ya levanté cargos a los funcionarios, y ese tipo de cuestiones es lo que no se está viendo.
Al contrario, se lavan las manos y vuelve el efecto un tanto cuanto espectacular. En septiembre nos entregaron la cuenta pública del 2000 y espectacularmente se anunciaron cifras, ahorita en marzo nos entregan otro informe y espectacularmente se anuncian cifras, en septiembre viene otro informe con nuevos legisladores y entonces se anuncian cifras espectaculares, pero se nos olvida el pasado, nadie cuestiona ¿y de lo que dijiste en marzo?, ¿qué has cumplido y qué no?
Entonces, como que caemos en un circulo vicioso, los legisladores que lleguen en septiembre difícilmente se van a acordar de lo que se dijo en marzo. Además, esto rompe una memoria histórica que debe existir en el seguimiento de los asuntos.
La verdad es que resulta totalmente absurdo ver que el asunto “Vamos México” sigue limpio, o sea, no se encontraron irregularidades cuando se investigaron cerca de 10 dependencias del Ejecutivo y se les investigó sobre el proceso de transferencia de recursos fiscales a asociaciones civiles.
Como analista, como una persona que ha tenido experiencia en cuestiones económicas y de fiscalización veo que esto no es normal y, que para mí, el auditor está actuando de una manera no parcial, sino que se está dejando llevar por el mismo juego político que ha propiciado los acuerdos del Pemexgate y que ha propiciado los acuerdos de los “Amigos de Fox” y que ha propiciado los acuerdos que tienen a Eduardo Fernández en la calle.
Yo creo que el auditor ya entró a ese juego, así como ya vimos una Secodam que participó de la mercadotecnia anunciando “peces gordos” y no metiendo a nadie al bote. Ahorita tenemos un auditor superior que está tomando la misma vía, porque el proceso sigue siendo burocrático.
— ¿Se podría deducir lo mismo de la investigación sobre el rancho de Fox?
— Así es. Ahí vemos el mecanismo de control de los estados y que el auditor simplemente se queda con la respuesta de que no le dieron ningún informe cuando son recursos federales, cuando se establecen convenios con los estados precisamente para poder fiscalizar los recursos federales.
Yo creo que los funcionarios públicos están viendo como le pueden dar vuelta a la Ley de Fiscalización y que el auditor superior se deja que le den vuelta.
Para mí es eso, porque no es posible, por ejemplo, que en el caso de la operación BBV Bancomer, no este reportando más que pecatas minutas, cuando se tienen evidencias de operaciones verdaderamente irregulares. Este tipo de consideraciones son las que finalmente no te explicas y simplemente se dedica a decir que algún gangster le abrió su computadora y le voló siete mil expedientes, pero al mismo tiempo dice que esos no afectaron a la investigación.
Yo creo que estamos viviendo una fiscalización de mercadotecnia, no estamos viendo ninguna acción contundente y seguramente esto dará pie para que se actúe con discrecionalidad por parte del Ejecutivo, porque si yo no tengo reglas claras, no me van a castigar por nada de lo que hago, entonces, pues me sirvo con la cuchara grande. Eso es lo que yo siento que está sucediendo.
No es posible que ahorita Francisco Barrio diga que no cazó información cuando la pudo sacar, eso es para actuar administrativa y penalmente contra él. En el caso del auditor, pues acuérdense que hay un cargo por negligencia en el sector público y yo creo que es negligente desde el punto de vista de que habla de cifras exorbitantes y a la mera hora pues no se restituye nada, porque no solamente hay que detectarlo, sino que hay que hacer que se reintegre a las arcas nacionales o que se finquen las responsabilidades correspondientes.
Eso es lo que no está sucediendo, y para mí eso es muy grave, así como repito, el asunto de la deuda contingente. Banjército pertenece a esa serie de deudas contingentes que el gobierno tarde o temprano va a tener que asumir.
Tenemos también el caso de Banrural, el quebranto de Banrural, para el que se había establecido una Comisión Investigadora del quebranto, pero ni siquiera está instaurada esa Comisión y ya está aprobada la ley y Financiera Rural entra en funciones ahora en abril.
¿ A qué estamos jugando? Y yo creo que esto pasa desde las más grandes hasta las más pequeñas, por ejemplo, según la ASF en 13 claves de medicamento por 1.3 millones de pesos, el IMSS no justificó la adquisición, ya que contaba con existencias en el almacén de la Delegación Jalisco. ¿Qué le va a pasar a la Delegación? Pues nada, eso es lo grave.

POBRE SALUD

— Entonces Mario, ¿qué se puede hacer en salud?, ¿qué es lo que va a pasar?
— Lo que va a pasar es lo que ya nos está sucediendo. Por un lado debemos mucho y tenemos pocos ingresos, entonces, hay que romper este ciclo, es decir, encontrar la manera de reestructurar los pasivos y, por otro lado, gastar mejor y tener mayores ingresos.
Si no se hace, nuestro sistema de salud se va a seguir deteriorando. Ya no es nuevo oír que el IMSS está quebrado, ya lo dijo su mismo director general. Ya no es raro escuchar que la atención médica es mala o que la infraestructura con la que cuentan los principales organismos de salud en el país es complicada y su cobertura necesariamente es menor.
— ¿Crees que la salud se llegará a privatizar como se ha dicho?
— No es que exista una iniciativa formal para privatizar la salud, sino que es una privatización silenciosa. ¿Por qué? Porque si te enfrentas a deficientes sistemas de seguridad social y de atención médica públicos, indirectamente empiezas a recurrir a estos seguros de gastos médicos mayores y menores como la constitución de un patrimonio, y a sistemas pensionarios que de alguna manera son privados.
Entonces, yo diría que no es que oficialmente lo estés privatizando, pero tu como una persona que puede decidir, pues a lo mejor si tienes ciertos recursos empiezas a adquirir ese tipo de cobertura social. Si bajas la calidad de tus servicios, induces a la gente a que lo haga, por eso yo diría que es una privatización silenciosa.
Formalmente no puede ser, porque una de las obligaciones del Estado es la salud, entonces habría que reformar la Constitución para que el Estado no contara con esas obligaciones.
Pero eso sería en la parte jurídica, porque en la práctica está sucediendo. Y está sucediendo no por un gusto de la población, sino por una necesidad, y yo creo que no se vale. Cada quién es libre de ir a un organismo privado si así le parece, pero que no vaya como resultado de una deficiencia de la cobertura gubernamental, que yo creo que es lo que está sucediendo.

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