De súbito, al estilo de la mafia, cortaron teléfonos y el suministro eléctrico; luego invadieron y se apoderaron del edificio por completo. Como a las 9:30 de la mañana del pasado 11 de noviembre un grupo conformado por unas 20 personas tomó por asalto las instalaciones de Imagen Médica.
Al comando lo encabezó Gerardo Merino Vital, presunto capo que se sabe mantiene sus aposentos en el Centro Médico Nacional “La Raza”, que domina vasta zona del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, y que extiende peligrosamente sus tentáculos hacia el vecino Ecatepec.
El feroz asalto fue sin duda la respuesta rabiosa del presunto narco a los textos publicados por Imagen Médica los días 26 y 28 de octubre último, notas en donde se advirtió del enorme poder corruptor que goza y que le da el dinero sucio.
Merino Vital no actuó sólo, para consumar el premeditado y maquinado robo hizo sus cómplices a dos representantes de la “justicia”. En vulgar trama se asoció de manera delictuosa con María Eugenia Cabrera Buendía, ejecutora judicial, y con Aureliano Peña Cano, juez Primero Civil de Primera Instancia con sede en Ecatepec de Morelos, estado de México.
En una flagrante violación constitucional, Peña Cano autorizó sin sustento y deliberadamente el atraco contra Laboratorios Anodrac, S.A. de C.V., y Editorial JVCS, S.A. de C.V., esta última, la empresa editora de Imagen Médica. Ninguna de las dos empresas fue escuchada jamás en juicio, y mucho menos condenada a pagar con embargo alguno.
De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Imagen Médica, una empresa con domicilio en la calle Norte 8 número 103 de la Colonia Adolfo Ruiz Cortínez, en Ecatepec, era el objetivo de un “embargo”; así le fue señalado con precisión a Peña Cano a través de un “exhorto” que le giró Miguel Paniagua Zúñiga, juez Segundo Civil de Nezahualcóyotl.
Pero al servicio de la mafia, Cabrera Buendía y Peña Cano se avocaron nomás a concretar la colusión que se intuye con el presunto narcotraficante Merino Vital. En los documentos quedó escrita, imborrable, la burda maniobra maquinada por el mafioso trío.
Esta es la escalofriante historia: El 4 de octubre Paniagua Zúñiga acordó el exhorto para Peña Cano y 17 días después, Cabrera Buendía, la ejecutora de la mafia, hizo saber por escrito a Peña Cano que ese 21 de octubre se “constituyó” en el domicilio invocado -en Norte 8, y junto con Merino Vital-, que tocó las puertas por espacio de 10 minutos; “y nadie acude a mi llamado, encontrándose las puertas de acceso cerradas”.
Cuenta la ejecutora, que así de repente, y como por arte de magia “en estos momentos, el vecino de la casa marcada con el número 102 nos indica que la bodega o talleres de la demandada ya no funcionan, es decir, ya casi no abren el taller y muy de vez en cuando llegan a venir los dueños pero solo por ratos encontrándose casi siempre cerrado el inmueble”.
“Acto seguido -prosigue la ejecutora-, en uso de la palabra el actor manifiesta que ‘tiene conocimiento’ que la demandada tiene oficinas en Vía Morelos kilómetro 15 colonia Santa Clara”, también en Ecatepec. Concluye: “lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar.”
Al día siguiente, el presunto capo se dirigió mediante escrito al juez. Le dijo a Peña Cano que de la diligencia practicada el día 21 “se desprende que la parte demandada ‘cambió de domicilio’”, y señaló como “domicilio actual” al de Vía Morelos.
Y así nomás, sin pruebas, sin nada, el juez de la mafia acató la “solicitud” del presunto narco como si se tratara de una tajante orden. Con sospechosa prontitud, el mismo día 22 Peña Cano resolvió: “… a sus autos el escrito de cuenta, visto su contenido, se tiene como ‘nuevo domicilio’ de la parte demandada el de Vía Morelos…”, precisamente el domicilio de Laboratorios y de Imagen Médica.
No es todo, Peña Cano, además, levantó un monumento a su propia impudicia al burlar suyos “ordenamientos”. En efecto, el 11 de octubre advirtió al presunto narco que, “en caso de no diligenciar el exhorto dentro del término de 15 días, este será devuelto a su juzgado de origen sin diligenciar”. Sin embargo, el atraco a Imagen Médica se realizó 30 días después.
EL CORRUPTO JUEZ DE LA MAFIA
La inexplicable actitud de Peña Cano no es casual, Imagen Médica acudió al juzgado primero, en donde el juez tiene su “despacho”, y luego de realizar una veintena de entrevistas -a actores y demandados-, se supo que es precisamente el juzgado de Peña Cano “uno de los más corruptos y sucios de Ecatepec”.
De acuerdo con los entrevistados, es tal el cinismo del juez que “inclina la balanza de la justicia hacia el lado que le proporciona más dinero”, a secas. Tan grande es la descomposición, que nuestros testigos coincidieron en señalar que Peña Cano “recibe de propia mano el dinero corruptor en los casos pesados y fuertes”; en otros casos, “chiquitos”, utiliza como “disfraz de cobro a su Secretaría”.
De los ejecutores -también llamados actuarios-, nuestros entrevistados acusaron que se trata de verdaderas “ratas”, que literalmente “venden al mejor postor sus servicios”. Acusaron que aprovechando la mala “fe” de la que gozan, los actuarios hacen y deshacen contraviniendo todo tipo de preceptos y ordenamientos legales. “El que paga, manda; es su única fe”, coincidieron.
La impunidad que gozan los ejecutores -añadieron-, es generalmente “solapada” por servidores públicos de alto nivel del Tribunal Superior de Justicia del estado de México, en donde los actuarios tienen “padrinos” con los que reparten parte del producto de sus ilícitas ganancias cuando en algunos casos se les hacen cargos o acusa a través de una “queja”.
Y parece que sí, al menos Cabrera Buendía lo dejó muy claro en su acción. “Esto una orden judicial, una diligencia de embargo y no se viene a pedir permiso, se viene a ejecutar”, espetó a Jani Luna González, reportera de Imagen Médica que llegó a su lugar de trabajo justo cuando se consumaba el atraco.
El saldo del ataque de la mafia a Imagen Médica, moral y económicamente fue brutal, aun incuantificable; tras cuatro años de labor ininterrumpida no se pudieron publicar textos a lo largo de 32 días -del 11 de noviembre al 13 de diciembre-, motivado por los severos daños causados al equipo de computo, así como al cableado de las líneas eléctricas y telefónicas.
En el acta de embargo redactada a mano por la ejecutora de la mafia, en algún lugar desconocido y fuera de las instalaciones de las empresas robadas, no aparecen sofisticados y costosos equipos de computo y fotografía saqueados de las instalaciones de la casa editora; tampoco cajas de documentos con información sólo útil a Imagen Médica.
Sólo aparecen mencionadas, y parcialmente, partes del equipo médico de Laboratorios Anodrac, que con un costo de varios millones de pesos fue deshuesado y destrozado por un supuesto “ingeniero” auxiliado de varios “técnicos” y de una docena de matacuaces ante la complacencia de la ejecutora de la mafia.
LA DEMENCIA DE LA MAFIA
Datos importantes en el oscuro proceso de “ejecución” llaman la atención por haber sido omitidos por Cabrera Buendía, sin duda, información importante que será utilizada por las empresas ultrajadas en posteriores actuaciones judiciales. Entre muchos otros, que los objetos robados fueron subidos a dos vehículos de carga. Un camión tipo gasero rotulado “Flama Gas”, S.A. de C.V., datos que Cabrera Buendía “olvidó” dejar firmes en “su acta”.
Del segundo vehículo, la ejecutora de la mafia omitió señalar placas de circulación y nombre del propietario; fingiendo demencia sólo se limitó a mal escribir que se trataba de una camioneta “Ford Pickup color rojo”.
Pero no es todo, aunado a que se vulneró propiedad privada, empleados de las empresas robadas fueron privados ilegalmente de su libertad por varias horas. Y es que se les amedrentó con ser “detenidos” si intentaban siquiera salir del edificio.
Sumida en una laguna mental más, Cabrera Buendía no señaló cuántos sujetos que acompañaban al “actor” se introdujeron al edificio de manera ilegal, los mismos que, sin motivo, tiraron al piso a un empleado -de Laboratorios- y lo patearon brutalmente, nomás porque sí.
El abuso fue a tal grado que Esperanza García, encargada del Laboratorio, fue golpeada, vejada y obligada a encerrarse en una oficina tras ser amenazada con ser “consignada” si se le ocurría salir a protestar luego de que con documentos en mano se opuso de manera pacífica y contundente a la supuesta “orden de embargo” que la ejecutora de la mafia, sin identificarse, dijo que traía pero nunca mostró.
Al contrario, Cabrera Buendía rompió los documentos que en un primer intento pretendió mostrarle Esperanza García para comprobarle que actuaba de manera errónea en ese domicilio; posteriormente, los mismos documentos fueron literalmente partidos a la mitad a Jani Luna, por un tenebroso sujeto, después de que la reportera los mostró a la ejecutora en un intento más de persuadirla para que desistiera de su incorrecta y arbitraria actuación.
Desde que invadió la propiedad privada al amparo de una inverosímil coartada, la ejecutora de la mafia estuvo custodiada por tipos malencarados y por dos supuestos “reporteros” que trataron de evitar a toda costa que la reportera de Imagen Médica realizara su labor.
Los daños a las instalaciones, tampoco descritos en el acta, fueron cuantiosos. Destrozaron paredes y puertas, cortaron cables telefónicos y de energía eléctrica, forzaron y rompieron chapas de puertas de oficinas… En el colmo de la carroñería, penetraron al almacén en el sótano del edificio y robaron costosa herramienta; abrieron con violencia cajones de escritorios y los saquearon, bueno, hasta aparatos telefónicos y el fax en servicio fueron “secuestrados”.
Y eso que todo, todo lo ilegalmente sustraído figura, además, protegido en las leyes como bienes “inembargables”, por ser objetos, utensilios y equipos indispensables para el trabajo.
De súbito, al estilo de la mafia, atiborrados de bienes los vehículos y consumado el crimen, la mafia y su ejecutora simplemente se escabulleron. Con gran familiaridad, juntos y revueltos huyeron veloces con rumbo desconocido…
